Activistas nicaragüenses afirman que la expulsión de la jefa de la Misión de Nicaragua ante la Unión Europea (UE), Zoila Muller, significa una señal clara de que la comunidad internacional «se está cansando» de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos dirigidas por Daniel Ortega. Al mismo tiempo, advierten que las repercusiones se sentirán aún más en el ámbito económico.
El abogado y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), Juan Diego Barberena, afirma que «una de las principales conclusiones que podemos sacar de esto, es que (Daniel) Ortega está siendo responsable del daño diplomático que también está llevando al abismo al pueblo nicaragüense. Ortega está siendo responsable de la crisis política, social y económica».
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Barberena recuerda que la cooperación económica de la UE ha beneficiado al país, además de ser uno de los socios comerciales más fuertes de Nicaragua. «Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, la Unión Europea se ha situado en los últimos años entre los primeros tres cooperantes externos cuyos recursos ingresan al Presupuesto General de la República, con esta medida de Ortega quedan en el limbo la ejecución de aproximadamente 57.67 millones de dólares que estaban destinados y presupuestados a ejecutarse en lo que aún falta en este segundo semestre», dijo el jurista en el programa En Contacto de Artículo 66.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la expulsión de Nicaragua de la embajadora de la UE, Bettina Muscheidt, el pasado 28 de septiembre. La embajadora europea llegó a Nicaragua en septiembre de 2021, hace apenas un año, en sustitución de Pelayo Castro.
En su discurso de bienvenida dijo que dentro de sus funciones está la «responsabilidad principal de continuar con la promoción y defensa de los valores y principios que guían el actuar de la Unión Europea y sus Estados Miembros, dentro y fuera de sus fronteras: respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos».
Ante esa acción, el bloque de 27 países europeos respondió con reciprocidad ante el régimen de Nicaragua.
Por otra parte, la defensora de derechos humanos Haydée Castillo refirió que «la actitud del régimen pone en peligro la sostenibilidad del pueblo de Nicaragua. Nosotros esperaríamos que esta decisión que acaba de tomar la UE sea un ejemplo de dignidad internacional y que puedan tomar decisiones unilaterales que permitan quitarle al régimen todo el apoyo económico con el que fortalece su capacidad represiva».
La Unión Europea ya había advertido que las «acciones hostiles e injustificadas» por parte de la dictadura Ortega y Murillo, «no solo afectarán las relaciones bilaterales entre Nicaragua y la UE y sus Estados miembros, sino que también conducirán a un mayor aislamiento internacional de Nicaragua».
Durante la misión de su antecesor Pelayo Castro, la UE y algunos países de Europa sancionaron a familiares y allegados de Ortega, entre ellos su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y varios de sus hijos, bajo señalamientos de atentar contra los derechos humanos y la democracia.
