Luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó medidas provisionales para 45 presos políticos y ordenó al régimen de Ortega su liberación, el exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrão dijo a Artículo 66 que en el ámbito del Sistema Interamericano la Corte es la última instancia que los familiares de los opositores pueden demandar justicia.
«De manera que la importancia de esta resolución tiene que ver con el hecho de que hay un respaldo jurídico para incorporarse a las exigencias de la comunidad internacional en sus relaciones diplomáticas con Nicaragua», señaló el defensor de derechos humanos.
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Explicó que en esta instancia no se trata de «unos simples reclamos de víctimas», sino de que el régimen de Nicaragua «incumple el derecho internacional de los derechos humanos».
Afirma que si el dictador Ortega sigue sin acatar la implementación de estas resoluciones, «se caracteriza como un país paria ante la comunidad internacional».
Indicó además que desde el punto de vista de las víctimas es fundamental generar es esfuerzo de sus reclamos. «A partir de esta decisión internacional, se pueden incorporar defensas jurídicas ante sistema de justicia nacional».
No hay expectativas de que Ortega cumpla
Desde el punto de vista de Abrão, no hay expectativas de que el gobierno de Nicaragua cumpla con las resoluciones de la Corte IDH, sin embargo señala que eso no indica «las medidas no sean importantes, porque se va creando cada vez más una fortaleza alrededor de la caracterización de sus persecuciones políticas».
En cuanto de que Ortega no acate la demanda de la Corte IDH, Abrão manifestó que Nicaragua continuaría estando entre los países que no comparten con la comunidad internacional los valores típicos de las democracias».
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«En el ámbito de la Comisión Interamericana muy probablemente esta decisión de Ortega ocasionara de que Nicaragua esté en su capítulo cuatro en el rol de los países con más violaciones a los derechos humanos y puede ser que eventualmente los órganos políticos de la OEA se utilicen la resoluciones incumplidas para tomar medidas adicionales en relaciona a Nicaragua», agregó.
Aunque señaló que debido a que Nicaragua ya denunció la Carta Interamericana y que dijo que no se someterá al sistema interamericano, estas decisiones de la Corte tienen un efecto más simbólico que práctico para que se cambien las situaciones de las víctimas, «pero esto refuerza el horizonte de justicia, porque cuando llegara el día de una efectiva transición democrática del país, estas decisiones podrán funcionar como elementos probatorios para la implantación de una futura justicia nacional».
Meses antes, la Corte emitió otras resoluciones en favor de personas detenidas como los exaspirantes presidenciales Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga.
La privación de la libertad por razones políticas, señalada por los organismos humanitarios, se acentuó en 2018, cuando los nicaragüenses salieron en masa a protestar contra Ortega y fueron reducidos con ataques armados.
Hasta la fecha la dictadura sandinista tiene a más de 200 presos políticos en las diferentes cárceles del país y la lista sigue en aumento debido a la reciente ola de detenciones.
