«Necesitamos acciones, no condenas», el llamado de los opositores de cara a la Asamblea General de la OEA

Daysi Goerge West, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), espera que durante la 52ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los Estados miembros de este organismo continental pasen de la condena a la acción.

Por parte, Ana Quirós, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) afirmó que se debe «pasar a otras acciones, más allá de los simples pronunciamientos de los cuales ya la OEA lleva al menos 28». Quirós considera que es importante que haya una «actuación más decidida de parte de la comunidad Internacional y que, además, haya una mayor presión al régimen para que tome con seriedad la liberación de las personas presas políticas, que cumpla con los acuerdos del diálogo de marzo de 2019 y que cese la represión».

La situación de Nicaragua es uno de los temas centrales que abordarán los cancilleres de 33 países en el evento político más importante de América. Los delegados han preparado el proyecto de resolución «La crisis política y de derechos humanos en Nicaragua», donde expresan su «profunda preocupación» por la grave situación del país centroamericano que es sojuzgado con mano de hierro por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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«De la Asamblea General de la OEA, lo que se espera es buscar cómo abrir canal de comunicación directo para encontrar una salida a la crisis que se vive en Nicaragua. Por ahora, con demagogia, quieren normalizar la situación de represión y aislamiento del país, pero eso no es sostenible en el tiempo», dijo la opositora a Artículo 66.

«Esperamos que la comunidad internacional, preocupados por los altos deterioros de los derechos humanos y el cierre de todas opciones democráticas, puedan asumir retos conjuntamente para la búsqueda de una solución. Necesitamos acciones más que condenas, porque la situación de represión es insostenible», destacó.

George West subrayó que la dictadura Ortega Murillo ha llegado al punto de querer controlar la fe del pueblo y demandó un «basta ya» de la persecución religiosa contra la Iglesia católica, la liberación de todas las personas políticas porque son inocentes por «querer el bien de su país. Tener opinión diferente no es delito, querer vivir en democracia no debe ser criminalización».

«Violador consuetudinario de derechos humanos»

El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, destacó que Nicaragua sí está en la agenda de los países del hemisferio, algo que calificó como «muy importante» y consideró que hay un «consenso» en el tema de la situación del país centroamericano sobre que «Daniel Ortega es un violador consuetudinario de los derechos humanos».

«Hay un consenso de que todos los presos políticos deben ser liberados de forma inmediata e incondicional. Vamos a tener una Asamblea General en la que Nicaragua va a ser tema central, a pesar de que el país no asista y deje la silla vacía cobardemente, de la que todavía es parte», advirtió McFields.

«Hay un periodo de dos años después de presentar la renuncia que te obliga a ser miembro de esta organización. Se deben respetar los acuerdos bilaterales. No se pueden romper como suele hacer Ortega en Nicaragua», explicó.

Destacó que muchos países de izquierda como Colombia, Chile e incluso Argentina podrán votar por la resolución de condena contra Ortega. En el caso de México, sería el gobierno de izquierda del continente, que podría abstenerse de votar a favor como lo ha hecho en ocasiones anteriores.

La resolución será el punto número 20 del temario de la Asamblea General que reunirá a 33 cancilleres de América. En el documento, de siete puntos, se exhorta a los Estados miembros de la región a implementar una «estrategia» sobre los factores que contribuyen al desplazamiento de las personas nicaragüenses y su necesidad de protección, incluyendo el otorgamiento de asilo y otras medidas de protección, todo basado en un enfoque integral de derechos humanos y de género. También demanda la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presos políticos.