La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al gerente general del diario La Prensa y actual preso político Juan Lorenzo Holmann Chamorro, así como a su núcleo familiar.
La resolución numero 49/2022 fue emitida el 29 de septiembre tras considerar que tanto Holmann como su familia «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua».
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El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) fue quien solicitó las medidas y este viernes, 30 de septiembre, fue notificada la aprobación del otorgamiento de dichas medidas.
En el comunicado de prensa, la CIDH señala que «según la organización solicitante (Cenidh), Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa, medio de comunicación independiente, se encuentra detenido en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “nuevo Chipote”, en condiciones inadecuadas y sin atención medica necesaria, oportuna y adecuada para atender su salud».
Ante estos señalamientos, el organismo afirma que pidió información al Estado de Nicaragua «en los términos del artículo 25 de su Reglamento, sin que se haya recibido respuesta».
Sin embargo, basado en las denuncias y pruebas acerca de la situación de Holmann, el organismo afirma que el reo de conciencia y su núcleo familiar «se encuentran en una situación de riesgo, persisten a la fecha y se consideran susceptibles que vayan en incremento, en el contexto actual del país».
Remarca los parientes de Holmann Chamorro y el reo de conciencia estarían en riesgo de posibles represalias «y considerando las acciones de acoso y hostigamiento de las que ha sido objeto su esposa».
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«Asimismo, la Comisión resaltó su preocupación por las afectaciones al derecho a la libertad de expresión y por una serie de hechos en contra del diario La Prensa, en un contexto de presión, retrasos y retenciones de materiales, llegando al punto álgido de existir actualmente una “confiscación de hecho” de las instalaciones del Diario», agregó la CIDH.
Demandan respeto a los derechos de Holmann Chamorro
Entre las medidas que demanda el organismo en favor de Holman Chamorro es asegurar que las condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia.
Además llama «a que se garantice que no sea objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o agresiones dentro del centro penitenciario, —actualmente recluido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua—.
También exigen que se le garantice acceso a atención médica adecuada y especializada, «y se realice inmediatamente una valoración médica especializada sobre su situación de salud. Además que se le otorgue los tratamientos y medicamentos necesarios para tratar sus padecimientos y se valore, a la luz de las condiciones de detención y salud del beneficiario, el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad».
«Adopte las medidas necesarias para que Juan Lorenzo Holmann Chamorro pueda desarrollar sus actividades sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, amenaza, u hostigamiento en el ejercicio de sus labores. Lo anterior incluye la adopción de medidas para que pueda debidamente ejercer su derecho a la libertad de expresión», remarca.
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La CIDH solicitó al régimen de Ortega informar dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica.
Por su parte, el Cenidh exigió al gobierno de Daniel Ortega al régimen Ortega y Rosario Murillo que cumplan con lo requerido, además exigen que se libere de forma inmediata tanto Holmann Chamorro como a todas para las personas presas políticas.
El preso político tiene más de un año de permanecer encerrado en el Complejo Policial Evaristo Vásquez, mejor conocido como «El Nuevo Chipote», donde es sometido a torturas, constantes interrogatorios, mala alimentación y tratos inhumanos, según denuncias de sus familiares.
El opositor fue detenido el 14 de agosto de 2021, luego de que la dictadura allanara las instalaciones de La Prensa y se la tomara. Fue condenado a nueve años de prisión por el supuesto delito de lavado de dinero.
