El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consumó la confiscación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Grupo Cívico Ética y Transparencia. El pasado ocho de septiembre la pareja de dictadores mandó a su hija Camila Ortega Murillo a inaugurar el «Centro de Innovación y Tecnología Francisco Moreno» en las instalaciones donde operaba la ONG cancelada, dirigida por Roberto Courtney.
La personalidad jurídica de Ética y Transparencia fue cancelada por la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo, en su afán por desmantelar la libertad de asociación. En ese camino ha ordenado el cierre de más de 1 mil 800 organizaciones y asociaciones sin fines de lucro que desarrollaban sus programas y proyectos en el territorio nacional.
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Ética y Transparencia era una organización «constituida sin afiliación partidaria» que «se construyó con la finalidad de coadyuvar al proceso democrático y el desarrollo cívico del país organizándonos de manera particular en 1996 en el primer esfuerzo nacional de observación electoral».

Según su página de Facebook, «está comprometido con el proceso de generar elecciones de calidad y resultado limpio. En las elecciones solo nos interesa que sean justas y limpias». Bajo esa premisa observaron más de 30 procesos electorales en Nicaragua y otros países a lo largo de sus 27 años de existencia.
El trabajo de Ética y Transparencia se vio obstaculizado desde que Daniel Ortega retornó a la Presidencia de la República en 2007. En 2008, para las elecciones municipales, el organismo no recibió la acreditación del Consejo Supremo Electoral (CSE) para observar los comicios de ese año. Desde entonces no son convocados por el Poder Electoral para participar como observadores de los procesos electorales en el país.
El centro, según medios oficialistas, «será un espacio donde se promueve la innovación y el desarrollo de tecnologías digitales, desde el protagonismo de la juventud y en aporte al modelo de Economía Creativa».

«Con la inauguración de este centro, nuestro gobierno revolucionario establece un punto de referencia importante para el desarrollo de competencias y herramientas que apunten a la aceleración y surgimiento de emprendimientos dinámicos, para ofrecer productos, servicios innovadores y desafíos identificados en el Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza y el desarrollo humano para el próximo quinquenio», dijo Camila Ortega, coordinadora de la «Comisión Nacional de Economía Creativa», un cargo inventado por su madre, Rosario Murillo.
En la inauguración de las instalaciones confiscada participaron Loyda Barreda, presidenta ejecutiva del Tecnológico Nacional Tecnológico; Salvador Vanegas, asesor presidencial en temas educativos y Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
La semana pasada también se concluyó con la expropiación de las instalaciones de Operación Sonrisa, cancelada en la misma lista junto a Ética y Transparencia. En ese edificio se instala un museo en homenaje a «Lolita Soriano». Otro centro de Inatec se instaló en la redacción confiscada hace una año al diario La Prensa.