De los tres implicados en el crimen de Ciudad Belén, que fueron presentados por la Policía la mañana de este jueves, ocho de septiembre, uno es menor de edad. Tiene 16 años y el Estado tiene la obligación de someterlo a un juicio especial, procesarlo en un juzgado de adolescentes y protegerle su identidad.
Por el contrario, la Policía de Daniel Ortega lo exhibió con saña y contó cada detalle de su delito. Además lo exhibió con nombre y apellidos y lo hizo posar frente a las cámaras de la televisión oficialista. Ha sido presentado como un delincuente común adulto y sin ningún tipo de garantías.
Según lo establece el Artículo 101 del Código de la Niñez de Nicaragua, los adolescentes que enfrentan la justicia penal deberán ser procesados bajo «el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano que incluye el derecho a que se proteja su integridad personal. Durante la investigación, la tramitación del proceso y la ejecución de las medidas, se le respetará a todo adolescente el derecho a la igualdad ante la ley, a igual protección y a la no discriminación por ningún motivo», refiere la Ley.
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El abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Carlos Guadamuz, considera que «el hecho de que este adolescente haya sido exhibido públicamente por autoridades de la Policía Nacional resulta violatorio al Artículo 101 del Código de la Niñez y la Adolescencia, por tanto, contempla el derecho del adolescente a ser tratado con el debido respeto a su dignidad de ser humano y al mismo tiempo que se le presuma inocente hasta que se demuestre la culpabilidad».
«Por estas circunstancias esta actuación es absolutamente ilegal y no obedece a una práctica que vaya a favorecer el acceso a la justicia de los familiares de la víctima, por lo tanto es una actividad meramente propagandística, una necesidad que tiene el régimen de congraciarse con la opinión publica e instrumentalizar un hecho que ha conmocionado a toda la población nicaragüense», expresa el abogado.
Ante esto señala que «una garantía al debido proceso supone el respeto a los derechos del adolescente procesado y procurar el acceso a la justicia a los familiares de la víctima para que este crimen sea investigado con profundidad y sea sancionado por la justicia penal. En todo caso la justicia tiene que favorecer a la sociedad nicaragüense».
Esta mañana la Policía mostró al adolescente junto a su hermana Alison Yahosca Salgado Rugama, de 18 años y Alfredo Antonio Lara Ortiz, de 19 años quienes son los principales sospechosos en el caso del asesinato de ambas hermanitas de 7 y 10 años que fueron encontradas el lunes en un predio baldío luego de ser reportadas como desaparecidas por sus familiares.
Según el informe de la institución el crimen fue cometido en la vivienda de los presuntos femicidas, casa L-07, donde se realizó peritaje criminalístico revelando presencia de sangre humana en la sala y en el dormitorio del joven de iniciales A.E.S.R., de 16 años. En el dormitorio también fue encontrado un trozo de bloque y un trozo de toalla azul utilizados para cometer el crimen, indicó la parte policial.
Las víctimas tenían tres meses de haber llegado a la capital. La familia, de la etnia miskita, es originaria de la comunidad Walakitang de Río Coco, en Wiwilí, departamento de Jinotega, y llegó a Managua en busca de trabajo. En Ciudad Belén alquilaban una vivienda, dijo recientemente el tío de las menores. Ahí habitaban el papá y la mamá de las niñas, las dos menores y sus hermanitos de 4 años y 11 meses.
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La Policía aún no ha brindado mayores detalles sobre el proceso que llevará el adolescente, pero hasta el momento ha llevado las mismas condiciones que ambos implicados mayores de edad.
El papá de las víctimas, de 32 años, es un soldado de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua y su pareja y madre de las menores es una joven de 24 años, confirmó la vocera gubernamental, Rosario Murillo. «Y que los autores de este hecho bochornoso, terrible, confiesen su delito, su crimen y puedan presentarse ante la población y más al Ministerio Público que le corresponde sentenciar esta brutalidad, con todo el peso de la ley», declaró en la víspera la vicemandataria ilegítima, quien solo prometió una cartilla actualizada de derechos de la mujer ante el incremento de femicidios.
