Unamos denuncia que el régimen ha «violentado» la Constitución con «el objetivo de imposibilitar una nación democrática»

La Unión Democrática Renovadora (Unamos) denuncia por medio de sus redes sociales que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha «violentado» la Constitución de Nicaragua bajo «el objetivo final de imposibilitar la construcción de una nación democrática e independiente».

En conmemoración al Día de la Constitución en el país, la organización política resaltó la violación a la libertad de asociación cometida por la dictadura. «El régimen desató una cacería de entidades no gubernamentales que no ha cesado desde 2018 y empeoró desde enero de 2022, dejando ahora 1,777 organizaciones y asociaciones clausuradas, en su gran mayoría de sectores históricamente desatendidos por el Estado totalitario nicaragüense», lamenta Unamos.

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Señala que el cierre de estos espacios era una potestad meramente de la Asamblea Nacional «controlada por el oficialismo, pero que ahora depende completamente del Ministerio de Gobernación».

Recientemente el régimen ordenó el cierre de 200 organizaciones no gubernamentales, mediante un decreto, por supuestamente estar «en abandono y en incumplimiento de sus obligaciones conforme las leyes que los regulan por un tiempo de entre ocho y 27 años». A dichos organismos les cancelaron sus permisos de operaciones para trabajar en el país.

Al igual que Unamos, organismos de derechos humanos sostienen que, «el propósito de estas cancelaciones es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense».

Las ONG han sido señaladas de violar la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; y la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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Con la reforma aprobada a la ley referida a las ONG, el régimen de Ortega-Murillo le otorgó al Migob el poder absoluto de despojar de la personalidad jurídica a las organizaciones mediante acuerdos ministeriales, sin necesidad de pasar por el Legislativo.

Ante esta embestida, los defensores del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más han denunciado «la sistemática represión que el régimen impulsa contra organismos de la sociedad civil a quienes se les vulnera el derecho de libertad de asociación, participación política, el legal y debido proceso, así como la contribución al desarrollo de Nicaragua».