Mediante la campaña «Permítanles Comunicarse», impulsada por la organización Sé Humano, demandan a la administración de Daniel Ortega que el abogado defensor Róger Reyes pueda ver a sus dos hijas menores de edad, con quienes no ha tenido contacto desde su encarcelamiento hace 381 días.
La hija mayor del opositor escribió una carta donde expresa su frustración ante la separación forzosa. Reyes es uno de los presos políticos a los que el régimen de Ortega-Murillo les niega el derecho de ver y comunicarse con sus hijas.
«Papi ¿Hace cuánto que no nos vemos? Hay tanto que quiero contarte. Ya estoy en preescolar, soy muy buena alumna, he salido en el cuadro de honor», manifestó en una carta la menor.
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«Mi hermanita ya no se chupa el dedo, dice que ya está grande. Papi añoro aquellos días de campo cuando nos acostábamos a ver las nubes. Extraño la sensación de tu barba cuando me agarrabas a besos. Extraño verme en tus ojos y qué sin palabra me digas que me amas», agregó.
Además, la menor resaltó que «mi hermanita y yo queremos verte». Ante esta separación forzosa, los familiares de Róger Reyes han solicitado de diferentes maneras se autorice la más mínima comunicación entre el reo de conciencia y sus hijas, sin embargo la administración de Ortega se ha negado a esta demanda.
Durante estos 12 meses, las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) impiden que las cartas y dibujos de las niñas le sean entregados a su papá, pese a que su abogado ha interpuesto recursos ante el Tribunal de Apelaciones de Managua y ninguno ha sido contestado.
Recientemente, el régimen de Ortega exhibió a Róger Reyes ante sus medios de propaganda y el rehén de conciencia luce con un tono de piel más claro y delgado.
Sus familiares han denunciado que padece de ansiedad y pérdida de la memoria después de más de un año de encierro.
El preso político, este lunes cumple 381 días encarcelado en condiciones de tortura e inhumanas. El abogado fue detenido en las inmediaciones de la gasolinera Puma de la Pista Suburbana el 20 de agosto de 2021.
La dictadura lo acusó de transgredir la Ley 1055, Ley de Soberanía, una herramienta jurídica aprobada por los diputados de la dictadura para perseguir, encarcelar y enjuiciar a los opositores del régimen Ortega-Murillo. Fue condenado a diez años de prisión por el supuesto delito de «conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional». El jurista es miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab).