Otra decena de presos políticos ha presentado la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por segundo día consecutivo. Entre los exhibidos por el régimen está el opositor de Carazo Róger Reyes. El rehén de conciencia luce con un tono de piel más claro y delgado. Sus familiares han denunciado que padece de ansiedad y pérdida de la memoria después de más de 370 días encerrado. Reyes era miembro del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab).
Róger Reyes está confinado en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como «El Nuevo Chipote» desde su detención, el 20 de agosto de 2021. Reyes era el defensor del aspirante a la Presidencia Félix Maradiaga, que también fue exhibido hoy en los juzgados de Managua.
Los familiares de los presos políticos denunciaron el 29 de agosto que los detenidos presentan serios problemas de delgadez y desnutrición ante la reducción drástica de las porciones de alimentos que les dan en la cárcel.
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Tras esta denuncia, la dictadura ordenó que los reos de conciencia sean llevados ante un juez en el Complejo Judicial Central de Managua, sin motivo alguno. Otros 10 presos políticos también fueron vistos por primera vez ayer, 30 de agosto, después de 14 meses de encierro.
Róger Reyes fue apresado en las inmediaciones de la gasolinera Puma de la Pista Suburbana. El Ministerio Público, controlado por la dictadura de Daniel Ortega, acusó a Reyes, de 36 años, de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua».
La evidencia utilizada por el Ministerio Público en contra del preso político fueron unos vídeos que grabaron previendo su detención y otros relacionados al proceso electoral en los que denunciaba las irregularidades, pero no pedía sanciones contra Nicaragua, afirmó la defensa de Róger Reyes. La justicia del régimen de Nicaragua condenó a diez años de prisión a Róger Reyes por el supuesto delito de «conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional»
La dictadura lo acusó de transgredir la Ley 1055, Ley de Soberanía, una herramienta jurídica aprobada por los diputados de la dictadura para perseguir, encarcelar y enjuiciar a los opositores del régimen Ortega-Murillo.
Para justificar su decisión de exponer a los rehenes de conciencia, se inventó un término legal: «audiencia informativa». Este apuro de la dictadura por exponer que los presos políticos «están bien de salud» se da tras la denuncia de los parientes de los detenidos ante las graves torturas que padecen en «El Nuevo Chipote».