Monseñor Leonardo Urbina, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro de Boaco, fue condenado a 30 años de cárcel por el supuesto delito de abuso sexual en concurso real de violación y lesiones psicológicas leves en perjuicio de una menor de 12 años.
Se trata de la pena máxima estipulada en Nicaragua, aunque el juez Edén Aguilar, del Juzgado Tercero Especializado en Violencia de Managua, le sumó 49 años de prisión en los presuntos delitos.
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El sacerdote fue sentenciado a cumplir la condena en el Sistema Penitenciario Nacional, conocido como «La Modelo». Ahí deberá permanecer hasta el año 2052. Además, la justicia del régimen lo inhabilitó de una actividad que no detalló.
La Diócesis de Granada expresó «su profundo dolor y sufrimiento al conocer la sentencia» y pidió a los fieles seguir orando por los sacerdotes encarcelados.
Monseñor Leonardo Urbina, de 51 años, se convirtió en el segundo párroco en ser condenado por delitos comunes en Nicaragua, a través de juicios plagados de irregularidades y celebrados con desmedida propaganda gubernamental.
Familiares de los presos políticos, cautivos en «El Nuevo Chipote», denunciaron la exposición pública a la que fueron sometidos los reos por parte del régimen.
Los dirigentes gremiales fueron exhibidos ante las cámaras de los medios gubernamentales después de estar más de un año en total aislamiento.
Los parientes señalaron que las «audiencias informativas» realizadas a los prisioneros no existen en el ordenamiento jurídico nacional y sus abogados defensores tampoco fueron notificados de las mismas. La presentación de los 27 reos no fue más que otra violación a sus derechos humanos.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más junto a Juventudes Nicaragüenses Organizadas demandaron al régimen presentar y liberar a los más de 30 jóvenes presos políticos. Las organizaciones denunciaron las condiciones en las que se encuentran los jóvenes presos políticos Lesther Alemán, Max Jerez y Yader Parajón, quienes fueron exhibidos recientemente por la dictadura, y mostraron «un notable deterioro de salud».
Pidieron a las autoridades una explicación sobre el trasfondo de mostrar a unos presos políticos y a otros no, como en el caso de Jhon Cerna y Kevin Solís que llevan más de dos años en la cárcel.
El organismo de derechos humanos señaló que el régimen realiza «una propaganda mediática, que busca crear una división entre la población y la oposición para que se vean distintos, aunque no lo son».
Un grupo de exiliados nicaragüenses se reunió con el senador Marco Rubio y el congresista Carlos Giménez, del Partido Republicano, para hablar sobre la situación de los más de 190 presos políticos y la violación de derechos humanos en Nicaragua.
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Rubio propuso abrir la Corte Federal de Estados Unidos para que personas que han sufrido daños a manos del régimen puedan llevar su caso y pedir justicia ante la Corte.
Los representantes también manifestaron su interés en hablar con el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro para que se establezca un sistema que identifique a individuos aliados de Daniel Ortega, entre empresarios y exguerrilleros, que estarían asentados en Miami, «viviendo como reyes» en el país norteamericano, según Rubio.
Organizaciones opositoras demandaron al Ejército de Nicaragua el «cumplimiento de la Constitución y a ponerse al lado de la población».
Agrupaciones juveniles y la Unidad Nacional Azul y Blanco refirieron la dramática situación por la que atraviesa el país, debido al afán de la familia Ortega Murillo por mantenerse en el poder.
Les recordaron que esto también afecta a los trabajadores del Estado, oficiales y soldados del Ejército; y enfatizaron que el general en retiro Hugo Torres, emblemático guerrillero sandinista, murió preso en manos de la dictadura de Daniel Ortega, mientras otros altos oficiales retirados han sufrido cárcel y persecución política. El llamado fue hecho en el marco del 43 aniversario de fundación de la institución castrense.
