Este jueves, primero de septiembre, la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la confiscación de las instalaciones del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, organización que hace un año fue despojado de su personalidad jurídica.
A través de sus redes sociales, la organización feminista denunció que la Policía orteguista ocupó ilegalmente la propiedad donde operaban.
«Hace un año la dictadura despojó arbitrariamente la personalidad jurídica al Colectivo de Mujeres de Matagalpa, y hoy primero de septiembre de 2022, llegaron a las instalaciones donde estaba ubicado el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, a pesar de que las propietarias ya son otras personas», señaló.
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Detalló que «a primera hora de esta mañana llegaron policías, antimotines y civiles, abriendo las puertas por la fuerza allanando la propiedad. Una persona referente se presentó al local para informarse sobre qué pretenden hacer con este allanamiento, un policía le dijo que solo el jefe de la Policía podía dar información, pero este no salió a brindarla».
Ante esta situación, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) emitió una alerta urgente por la toma del edificio donde operaba la ONG. «Informan que la Policía está ocupando y confiscando ilegalmente las instalaciones del Colectivo de Mujeres de Matagalpa», escribió la organización en su cuenta de Twitter.
La Articulación de Movimientos Sociales también se refirió a la confiscación de los bienes de la organización. «Expresamos nuestra condena a la criminal dictadura que cada día cercena los derechos de las mujeres en Nicaragua», dijo la agrupación.
El Colectivo de Mujeres de Matagalpa denunció que la ocupación de la propiedad donde operaban «es un allanamiento y despojo más de un bien común, de un bien colectivo. Es una violación más a los derechos humanos y en específico de las mujeres feministas».
«Este es un acto de violencia de Estado», señaló la organización, que fue ilegalizada el 26 de agosto de 2021.
Luego de la anulación de las organizaciones, se establece que los bienes y acciones que pertenezcan «tendrán previa liquidación, el destino previsto en el acto Constitutivo o en su Estatuto. Si nada se hubiera dispuesto sobre al respecto, estos pasarán a ser propiedad del Estado de conformidad a la Ley de la materia».
IM-Defensoras refiere que el cierre de las ONG genera un «grave impacto sobre los derechos de las mujeres nicaragüenses, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad, exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales».