La presentación que hizo este martes, 30 de agosto, de diez presos políticos ante un juez no tiene asidero legal, denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en sus redes sociales. El régimen de Nicaragua llevó a una decena de rehenes de conciencia al Complejo Judicial Central de Managua ante un juez para someterlos a una «audiencia informativa», un procedimiento penal que no existe, alegó el Cenidh.
«Un abuso más del régimen ORMU (Ortega-Murillo), otra sesión de tortura para los presos, sus familias y una forma de intimidación más para la población en general. Este es un abuso de poder sin límites del régimen, NO EXISTE en el procedimiento penal eso que están llamando “audiencia informativa”», escribió el organismo en un comunicado distribuido a medios de comunicación.
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Esta exposición pública de los presos políticos se da un día después que denunciaron la reducción drástica de las porciones de alimentos desde hace más de un mes, tras la décima visita de los presos políticos. Los familiares demandaron que se cumplan las leyes que protegen a las personas privadas de libertad que llevan más de 400 días en cautiverio en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
El Cenidh explicó que los presos políticos ya fueron notificados de las sentencias condenatorias que les impusieron los jueces orteguistas y que estas mismas fueron ratificadas por el Tribunal de Apelaciones; posterior se recurrió a casación y que los recursos ya debían de haber sido admitidos por la Corte Suprema Justicia (CSJ).
«… pero los siguen citando el impresentable juez Octavio Rothschuh, un prevaricador que no tiene ninguna competencia sobre estas personas… ¿Quiere decir entonces que no han remitido los recursos de casación ya admitidos ante la CSJ?», cuestionó el Cenidh.
La dictadura de Ortega y Murillo acusó a los presos políticos de transgredir la Ley 1055, Ley de Soberanía, una herramienta jurídica aprobada por los diputados de la dictadura para perseguir, encarcelar y enjuiciar a los opositores del régimen Ortega-Murillo. A todos les impusieron penas de entre ocho y 13 años de cárcel, multas y la inhibición para ejercer cargos públicos durante el tiempo de la condena.
«Alertamos al mundo de estos hechos perversos, esta es otra comisión de abuso por el régimen, otra comisión de delitos por los jueces y magistrados. La represión no tiene límites en Nicaragua, hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, es momento de profundizar la lucha», concluyó el organismo defensor de derechos humanos.