El Gobierno de Daniel Ortega, a través de la Procuraduría General de la República, entregó este martes a las autoridades del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) un edificio propiedad del diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, y que se encuentra ocupado por la Policía desde hace un año.
La procuradora general de la República, Wendy Morales, entregó los documentos de ese edificio a la directora ejecutiva de Inatec, Loyda Barreda, durante un acto restringido celebrado en la sede del diario La Prensa.
Horas antes de ese acto, La Prensa, fundado el 2 de marzo de 1926, denunció el “robo” y la “confiscación de hecho” de su plantel industrial, en Managua, valorado en cerca de 10 millones de dólares, por parte del Gobierno de Ortega.
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“Las instalaciones del diario La Prensa amanecieron este martes 23 de agosto sin el rótulo que tenía el nombre del diario más antiguo del país”, señaló ese medio, que adelantó que “con esta acción inicia el circo que la dictadura Ortega Murillo realizará para oficializar el robo de los bienes del plantel industrial de Editorial La Prensa”.
ROSARIO MURILLO: CENTRO DE ESPIRITUALIDAD
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a través de medios oficiales que “aquellos lugares que han sido antros de maquinación de crímenes de lesa humanidad, hoy son centros para la profunda espiritualidad”.
“Son días finales del odio, porque esta patria bendita y nuestro pueblo, pueblo de Dios, exige, demanda cotidianamente la paz y el bien, la concordia, la seguridad, la tranquilidad”, señaló Murillo, quien trabajó en La Prensa en la década de 1970.
“En el Centro Cultural y Politécnico don José Coronel Urtecho no volverá el pasado”, sostuvo la también esposa del presidente Ortega.
En la actividad participaron, entre otros funcionarios, el asesor presidencial para temas de Educación, Salvador Vanegas; y el codirector general Instituto Nicaragüense de Cultura, Luis Morales Alonso.
Las instalaciones de La Prensa, ubicadas en una zona industrial en el norte de Managua, permanecen en poder de la Policía Nacional desde el 13 de agosto de 2021, cuando las autoridades nicaragüenses alegaron que el medio supuestamente era utilizado para cometer delitos de “defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos”.
Su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, sobrino político de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) -quien venció a Ortega en las elecciones de 1990-, fue condenado el 31 de marzo pasado a nueve años de prisión por el delito de “lavado de dinero”.
TERCER MEDIO EXPROPIADO
La Prensa, que ahora solo se publica de forma digital, ha dicho que entre los bienes confiscados se encuentran una impresora rotativa de 2,01 millones de dólares y una imprenta comercial de 3,89 millones de dólares, con capacidad de imprimir, encuadernar o engomar, “libros, folletos, brochures, volantes, y cualquier otro material impreso, incluso boletas electorales”.
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El periódico, cuyo personal de redacción se vio forzado a exiliarse en julio pasado tras el arresto de dos empleados, también ha advertido que la Constitución de Nicaragua, en su artículo 44, prohíbe la confiscación, y que el Estado solamente puede hacerse de bienes privados cuando los afectados son indemnizados, y ese no ha sido el caso.
La Prensa se convierte en el tercer medio de comunicación, cuyas instalaciones han sido ocupadas y usadas por el Gobierno de Ortega.
Los otros dos son los edificios donde funcionaban las revistas digitales Confidencial y Niú y los programas televisivos “Esta Semana” y “Esta Noche”, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, quien se exilió; y el del canal 100 % Noticias, críticos con el Gobierno.
El Estado no ha explicado el proceso de adjudicación sobre las instalaciones de esos edificios.
Efe ha intentado obtener una explicación oficial por parte del Gobierno sobre el procedimiento en contra de esos edificios, pero esta no ha sido posible.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
