El periodista Miguel Mendoza es uno de los presos políticos a los que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo les niega el derecho de ver y comunicarse con sus hijos. Su pequeña hija Alejandra, de ocho años, no lo ha visto en 427 días, tras ser detenido arbitrariamente en su vivienda el 21 de junio de 2021, hace 14 meses.
«Hola papi, me he enfermado mucho, porque tengo más de un año de no verte. Te necesito. Tu hija Alejandra», se lee en una carta que le escribió la menor a su papá encarcelado.
«La comunicación entre padre e hija es un derecho y a Alejandra se lo han negado sin causa alguna y sin justificación legal desde hace 14 meses. A través del abogado (defensa técnica de Miguel) se han realizado varias solicitudes para que la niña vea a su papá, pero no dan respuesta y cuando he preguntado de manera verbal, expresan que no está “autorizado”», denunció Margin Pozo, esposa de Miguel Mendoza.
Durante estos 14 meses, las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) impiden que las cartas y dibujos de la niña le sean entregados a su papá, pese a que su abogado ha interpuesto 11 recursos ante el Tribunal de Apelaciones de Managua y ninguno ha sido contestado. La separación forzosa entre Miguel Mendoza y su hija Alejandra le ha provocado daños en su salud física y emocional a la niña, según manifestó su madre.
«Ha sido una tortura psicológica para ella. Y no es justo que una niña inocente pase por tanto dolor y sufrimiento. Alejandra necesita ver a su padre. Ella expresa: “Mi corazón está triste y enfermo, porque no he visto a mi papi”», añadió.
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Esta misma situación de separación forzosa con sus hijos e hijas también la viven los presos políticos Miguel Mora, Tamara Dávila, Suyen Barahona, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Róger Reyes. A todos ellos se les ha negado el derecho de comunicarse por cualquier mecanismo con sus vástagos.
«Félix (Maradiaga) ha insistido en su anhelo de hablar con Alejandra, con nosotros, de podernos comunicar. No podemos tener ni siquiera una llamada telefónica, una carta, ni un dibujo de nuestra hija Alejandra. Demandamos que se nos permita poder tener esas llamadas», dijo la comunicadora Berta Valle, esposa del preso político Félix Maradiaga quien tiene más de 440 días detenido.
«Mi hija no ha tenido ningún contacto con su papá. En todo este tiempo ni a mi hija ni a mí se nos ha permitido una llamada telefónica ni una carta, como lo dice la ley de Nicaragua. Al mismo tiempo exigimos como familiares la regularidad de las visitas. No es un regalo, esto es algo que como familia nos lo da la ley, es un deber que como Estado debe garantizarlo mientras nuestros familiares siguen secuestrados injustamente», añadió Victoria Cárdenas, esposa del preso político Juan Sebastián Chamorro.
Un abogado, en condición de anonimato, explicó a Artículo 66 que las visitas entre los reos de conciencia y sus hijos e hijas debería ser cada 15 días porque es un derecho de los niños, niñas y adolescentes que están protegidos en el Código de la Familia. El jurista señaló que la ley establece que los padres, madres, hijos e hijas deben mantener comunicación y que este derecho no se extingue porque los progenitores estén en prisión.
Dávila y Mora vieron a sus hijos este fin de semana
El único mecanismo que ha sido efectivo para que los presos políticos Tamara Dávila y Miguel Mora pudieran ver a sus hijos el pasado sábado, 20 de agosto, fue una huelga de hambre. El régimen cedió y dejó que ambos reos de conciencia pudieran encontrarse con ellos después de 15 meses bajo una separación forzosa.
Los familiares de los presos políticos denunciaron que una visita no es suficiente y demandaron a las autoridades que elaboren un calendario de visitas para que los niños, niñas y adolescentes puedan mantener comunicación regular con sus padres y madres dos veces al mes y que se cumplan las leyes que protege los derechos de los menores de edad.
La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) se unió a la demanda de la regularización de visitas cada 15 días entre las personas presas políticas y sus hijos e hijas. En su cuenta de Twitter denunciaron que una sola visita no es suficiente. «Tamara y el resto de personas presas políticas deben poder ver a sus hijos e hijas con regularidad. ¡Es su derecho!», escribió la organización de derechos humanos en la red social.