La vocera de la dictadura de Nicaragua, Rosario Murillo, justificó el secuestro de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis Matagalpa, que fue sacado de la Curia Episcopal junto a otras siete personas, entre obispos y laicos, en horas de la madrugada, detalles que la vicedictadora omitió para darle un baño de legalidad a sus acciones.
«Pendientes también de esa concordia, de esa tranquilidad que nos toca resguardar a cada uno de nosotros. Las familias nicaragüenses que queremos vivir en paz, tranquilos y fortalecer la cultura de encuentro. Seguir adelante, alcanzando, construyendo, fortaleciendo el porvenir digno, seguro, soberano, próspero y justo que merecemos», afirmó en su letanía de mediodía en los medios de propaganda de su familia.
Murillo se limitó casi a leer el comunicado de la Policía que informa sobre el secuestro del obispo Álvarez y su traslado a Managua donde le impusieron casa por cárcel de facto, pero que denominaron «resguardo domiciliar». Con esa medida le impiden la libre movilización y su labor pastoral en las diócesis de Matagalpa y Estelí.
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«… hicieron lo necesario para custodiar, como corresponde a nuestra Policía Nacional, custodiar la paz, la seguridad y la tranquilidad de las familias nicaragüenses. Hicieron lo necesario al no recibirse ninguna comunicación positiva», justificó la vocera de la dictadura.
«El señor obispo de Matagalpa (está) en resguardo domiciliario en su casa en la ciudad capital. Se ha reunido con sus familiares y, además, recibió la visita de su eminencia el cardenal Leopoldo Brenes, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua», agregó Murillo.
La Policía al servicio del régimen orteguista difundió la nota de prensa 078-2022 donde intenta lavarse las manos ante el secuestro a monseñor Rolando Álvarez, sacerdotes y laicos, a quienes desalojaron por la fuerza de la Curia Episcopal de Matagalpa la madrugada de este viernes, 19 de agosto.
En la misiva, la entidad orteguista asegura que «durante varios días esperó con mucha paciencia, prudencia, y sentido de responsabilidad una comunicación positiva del Obispado de Matagalpa, que nunca llegó a darse y que, al persistir las actividades desestabilizadoras y provocadoras, hizo necesario el citado operativo de orden público».
La Policía confirmó que cuatro sacerdotes y tres laicos están retenidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote, en Managua, «cumpliendo las diligencias respectivas» sin especificar el porqué de su traslado hasta la capital. En la Curia solo quedó monseñor Óscar Escoto, vicario de la sede diocesana de Matagalpa.
La institución, bajo el mando del consuegro presidencial y sancionado comisionado Francisco Díaz, aseguró que esta acción se ejecutó para «recuperar la normalidad para la ciudadanía y las familias matagalpinas», aunque han sido los policías los que han tenido asediada la zona e impedido a la feligresía asistir a las actividades religiosas.
Los acompañantes del también administrador apostólico de la Diócesis de Estelí que estarían secuestrados en el conocido centro de torturas son el primer y segundo vicario de la catedral de San Pedro, de Matagalpa, José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, respectivamente; así como los sacerdotes Ramiro Tijerino—rector de la Universidad Juan Pablo II—y el padre Raúl González. Igualmente, enfrentarán la misma situación los seminaristas Darvin Leyva y Melkin Sequeira, al igual que el camarógrafo Sergio Cárdenas.
La Iglesia católica ha sido blanco de ataques del régimen tras mediar un fallido diálogo nacional. Su voz profética y respaldo al pueblo la ha llevado a sufrir amenazas, profanaciones de templos, persecución de sus sacerdotes y obispos y el exilio forzado de algunos miembros del clero.