Cuatro días después de que el padre Óscar Benavidez, párroco de la Iglesia Espíritu Santo, de Mulukukú, en el norte del país, fuera secuestrado por la Policía, este miércoles se conoció que el Ministerio Público solicitó un plazo de 90 días de prisión para ampliar el proceso “investigativo” en contra del religioso.
El medio Confidencial informó que la solicitud fue hecha el lunes 15 por el fiscal sandinista Manuel Rugama, uno de los principales verdugos de los presos políticos en Nicaragua. El expediente judicial al que tuvo acceso el medio de comunicación, señala que la jueza a cargo del proceso en contra de Benavidez es la jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Penal de Audiencia de Managua.
El documento expone como principal “víctima” a la sociedad nicaragüense y al Estado de Nicaragua, sin embargo no especifica de qué se le acusa a Benavidez.
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Fuentes en condición de anonimato confirmaron a Artículo 66 que el padre Benavidez fue llevado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como el Chipote. Fue detenido la tarde del domingo, 14 de agosto, luego de salir de la capilla Concepción de María, donde ofició su homilía basado en la persecución y hostigamiento a los profetas.
Benavidez es el tercer religioso secuestrado por la dictadura orteguista; los primeros fueron monseñor Leonardo Urbina y el padre Manuel Salvador García. El primero es acusado de supuestamente haber violado a una menor de 12 años y el otro de haber agredido a una mujer y amenazado a militantes sandinistas.
Desde inicios de este mes, la Policía recrudeció la represión contra la Iglesia católica, encerrando sacerdotes, cerrando medios de comunicación e instituciones religiosas. Además de impedir la libertad de culto.
Desde hace 13 días, el aparato represor de Ortega mantiene secuestrado en la Curia Episcopal a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa. El gobierno nicaragüense no muestra voluntad para salir de la crisis que atraviesa el país desde el 2018.
