Once varones y una mujer son las víctimas que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a su Policía sancionada mantenerlas retenidas ilegalmente en la Curia Episcopal de la Diócesis de Matagalpa. Monseñor Rolando Álvarez, uno de los obispos más críticos del régimen, encabeza la lista de las doce personas en cautiverio.
El día de hoy, ocho de agosto, la dictadura ordenó aumentar la presencia policial en todos los accesos a la sede del episcopado de Matagalpa, reveló una fuente en condición de anonimato a Artículo 66. «Hoy hay más vigilancia: más antimotines y algunos con pasamontañas. Mas policías, tanto hombres como mujeres», dijo.
En la salida vehicular de la Curia está plantada una patrulla policial y cuatro antimotines con escudos están de forma permanente en los portones para impedir el paso y la libre movilización de los «retenidos». Los antimotines que cierran el paso hacia la sede del episcopado están fuertemente armados.
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Frente a Cáritas Matagalpa se apostaron dos camionetas blancas sin placas y doble cabina. Las calles están acordonadas con vallas de hierro de color amarillo. «La calle que está atrás de la Curia, es decir, costado sur, que baja del Departamental del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) está totalmente cerrada y con más antimotines», informó.
En ayuno y oración
Las doce personas en el interior de la Curia Episcopal de Matagalpa realizan diariamente ayuno y oración desde horas de la mañana hasta la tarde, sin tomar líquidos. Han pedido a la ciudadanía que se unan a las oraciones y que lo hagan de rodillas.
La fuente explicó que los sacerdotes y los laicos «están bien» de ánimo y que el ayuno y la oracion «les fortalece muchísimo» en estos momentos que están viviendo de ataques y persecución contra la Iglesia.
Señaló que en el interior de la Curia Episcopal tienen alimentos porque ahí mismo en es la residencia de monseñor Rolando Álvarez y otro padre.
«Están en ayuno constante y eso hará los alimentos dilaten un poco más, aún así sean 12 personas. En cuanto a la dormida, hay suficientes literas, ya que los seminaristas cuando tienen actividades ahí duermen», afirmó.
La principal preocupación —según la fuente— es la salud del padre Ramiro Tijerino porque padece de hipertensión, diabetes, problemas de columna y no tiene acceso a sus medicinas.
Recomiendan interponer recurso de exhibición personal
La abogada Yonarqui Martínez recomendó, a los familiares o abogados de las personas retenidas en la Curia de Matagalpa, interponer recursos de exhibición personal o recurso de amparo por amenaza de detención ilegal para conocer las verdaderas causas por las que son retenidas por la Policía, algo que calificó como una «retención ilegal» porque solo un juez puede imponer una medida cautelar como casa por cárcel o arresto domiciliario.
«Deberían los familiares interponer diferentes recursos a favor de los que están siendo impedidos de poder tener la libertad de circulación, la libertad de poder comunicarse con sus familiares. En este caso yo haría un recurso de exhibición personal para saber cuál es la medida que tiene la Policía en contra de ellos o en qué se basan para estarlos reteniendo», subrayó.
La defensora de presos políticos recordó que en el caso de las personas que fueron encarceladas que eran precandidatos a la Presidencia fueron asediados durante meses afuera de su casa y posteriormente la Policía legalizó la detención.
«Nunca hicieron algo legal, un documento que justificara su actuación. Entonces, creo que de esta misma manera están actuando cuando nos rodean y no nos dejan salir de nuestras casas», dijo Martínez a Artículo 66.
La jurista manifestó que esta misma situación de monseñor Álvarez ha sucedido con los abogados defensores, excarcelados o cuando hay indicios de alguna actividad cívica; impiden que las personas salgan.
«Todo esto es ilegal, prácticamente la Policía tiene secuestradas a estas personas, no hay ninguna figura jurídica que de legalidad a la actuación de la Policía, independientemente que ellos estén bajo investigaciones. No hay asidero legal en tenerlos retenidos e impedirles la circulación. No hay ninguna orden de un juez», concluyó.
