El Tribunal de Apelaciones de Masaya rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de la líder activista Nidia Lorena Barbosa Castillo, de 66 años, donde pedían una revisión por la sentencia dictada contra la presa política del régimen orteguista.
Barbosa fue condenada a 11 años de prisión y obligada a pagar 800 días multa, equivalentes a 52,767.46 córdobas, por los supuestos delitos de «menoscabo a la integridad nacional» y «propagación noticias falsas a través de las tecnologías de la información y comunicación».
Un documento en poder del medio Divergentes reveló que la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Masaya dictó «no ha lugar» al recurso de apelación. Por lo tanto, la justicia de Nicaragua ratificó la sentencia en contra de la opositora.
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La justicia de Ortega condenó a la integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia usando la Ley 1055, Ley de Soberanía; y la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, normativas empleadas por el régimen de Nicaragua para encarcelar a los opositores por «traición a patria» o «difundir noticias falsas en contra de su gobierno».
El supuesto ciberdelito cometido por Babosa se basó en una publicación que hizo en su página de Facebook, donde escribió la oración a San Miguel Arcángel: Líbranos de la huestes del demonio. «La Fiscalía afirma que Nidia (Barbosa) dejó a entrever que eso es contra del Gobierno», dijo una fuente.
El equipo de Artículo 66 tuvo conocimiento que la Fiscalía presentó a seis testigos en contra de la opositora de Masaya, dos fueron mujeres civiles y cuatro oficiales de la Policía al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En la totalidad de los juicios políticos celebrados contra los rehenes de conciencia electorales los testigos fueron oficiales de Policía, que argumentan que los líderes políticos «atentaron contra la patria».
Nidia Barbosa fue detenida la noche del seis de noviembre de 2021, el la víspera de las votaciones presidenciales donde Daniel Ortega y Rosario Murillo se reeligieron para un nuevo periodo en la Jefatura de Estado de Nicaragua.
Actualmente, la rehén política está recluida en el Sistema Penitenciario de Granada y es parte de la lista de los más de 40 nuevos presos políticos encarcelados entre mayo a noviembre de 2021, en su mayoría acusados por «conspiración y ciberdelitos».
