Un grupo de 15 expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), envió una comunicación al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para exponer que la cancelación de las ONG es un «cierre arbitrario… muy preocupante» y que tendría un «efecto amedrentador en activistas y personas defensoras de derechos humanos en todo el país» que los obliga al exilio ante las represalias estatales.
En la misiva explican que la ilegalización de las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro representan un «claro patrón de represión del espacio cívico» en Nicaragua y expresaron «conmoción sobre el alcance de las clausuras por parte de la Asamblea Nacional a petición del Gobierno». El grupo registra el cierre de más de 700 ONG, 487 de ellas canceladas solo en el mes pasado. Desde finales de 2018 se ha retirado la personalidad jurídica 1,174 organizaciones, según un recuento del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
Noticia relacionada: Régimen de Ortega cancela 200 ONG en una semana
La ONU señala que las clausuras no solo afectaron organizaciones de derechos humanos, derechos de las mujeres y de pueblos indígenas, sino también aquellas que promueven valores democráticos y que luchan contra los efectos del cambio climático. Entre ellas la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), La Corriente Feminista, Centro Alexander Von Humboldt, Operación Sonrisa, Colectivo de Mujeres de Matagalpa y centenares más.
«Esta situación tendrá consecuencias aún más devastadoras sobre personas y grupos en situación de marginalización que dependen de estos servicios para su supervivencia, por ejemplo, comunidades rurales e indígenas, niños/as y jóvenes, mujeres y solicitantes de asilo», destacan.
El cierre del espacio cívico
En la misiva también hacen referencia al cierre del espacio cívico que se acentuó a partir de la crisis de abril de 2018 y más recientemente con la aprobación de dos leyes: Ley sobre Regulación de Agentes Extranjeros y Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
«Lamentamos observar, nuevamente, el uso indebido de leyes antiterroristas y antilavado de dinero para restringir innecesaria y desproporcionadamente las actividades de la sociedad civil y las libertades fundamentales,», dijeron los expertos.
La ONU afirmó que la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro «impone amplios procedimientos administrativos y de registro, la divulgación de los datos de beneficiarios/as, y limita significativamente el financiamiento externo». El régimen ha guardado silencio sobre el análisis enviado por los relatores de la ONU.
«Instamos al Estado a abstenerse de decretar más cierres y de revocar inmediatamente estas restricciones sobre las asociaciones. Un espacio cívico y político funcional, sólido y diverso es crucial para cualquier país democrático», concluyeron.
