La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), señaló que la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha roto la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en Nicaragua, además de continuar violando sistemáticamente los derechos humanos de los nicaragüenses.
Este 27 de julio, la CIDH presentó su informe anual 2021 y en el capítulo IV.B detalla que en Nicaragua «a más de cuatro años del inicio de las protestas sociales del 18 de abril de 2018, la CIDH observa que persiste un contexto de impunidad generalizada respecto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la represión estatal, las cuales resultaron en la muerte de 355 personas».
También señalaron que «la población nicaragüense continúa afectada por la instalación de un estado policial que posibilita la permanente coordinación entre la Policía Nacional y grupos simpatizantes del Gobierno para agredir, vigilar, amenazar y hostigar a cualquier persona identificada como opositora al Gobierno actual».
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El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Pedro Vaca, y la relatora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), Esmeralda Arosemena, presentaron el Informe Anual 2021 de la CIDH, capítulo Nicaragua, a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y líderes opositores exiliados en Costa Rica.
La comisionada Esmeralda Arosemena, durante el evento, reiteró que en Nicaragua persiste «un Estado policial», debido a que el régimen de Daniel Ortega se ha encargado de cerrar el espacio cívico, donde protestar es criminalizado.
Los gobiernos y regímenes como el de Ortega-Murillo «no pueden callar las voces de sus ciudadanos por buscar estos mecanismos, medios. El callar a las personas va produciendo una situación de terror, de miedo y callar a los pueblos tiene que tener un precio de responsabilidades», advirtió Arosemena.
Ortega criminalizada la labor de periodistas
En el informe también indica que la dictadura de Nicaragua continúa atacando a la prensa independiente del país con «declaraciones estigmatizantes y los señalamientos criminalizantes por parte» de la administración de Ortega-Murillo. Igualmente, el régimen ha intensificado la escalada de violencia contra los periodistas.
Pedro Vaca indicó que «hay una clara cacería de periodistas en Nicaragua», país donde el hostigamiento, la censura, la persecución, las detenciones y los procesos legales arbitrarios son parte del accionar del régimen de Ortega y Murillo.
Asimismo, enfatizó que «afecta el derecho a que la sociedad pueda recibir información. Eso ha impactado y es difícil para la prensa no solo acceder a información oficial, sino a personas que sientan la confianza para poder depositar su opinión para poder aportar al debate público».
Además, el relator de la CIDH recordó que hay un «exilio forzado de periodistas» que huyen de Nicaragua tras las amenazas, persecución y hostigamiento del régimen.
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«Toma de equipos, amenazas de muerte, agresiones verbales, agresiones físicas con el objetivo de impedir coberturas. Durante el 2021 se realizaron allanamientos y ocupaciones a medios de comunicación, como la ocurrida en la sede de la revista Confidencial el 20 de mayo del año pasado, donde las instalaciones fueron ocupadas por equipos de la Policía», agregó.
En 2021, la CIDH identificó al menos 65 casos de periodistas en «situación de altísimo grado de vulnerabilidad y riesgo». También, la Fiscalía orteguista citó a alrededor de 40 editores, reporteros y directores de medios de comunicación en el marco de una investigación abierta contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) por presunto lavado de dinero.
El organismo contabiliza 30 medios de comunicación y espacios cerrados producto de la represión entre los que destacan Confidencial, 100% Noticias el Canal, La Prensa y Trinchera de La Noticia.
Sobre la reciente arremetida contra los trabajadores de La Prensa, Pedro Vaca sostuvo que nunca había visto un exilio forzado masivo de toda una redacción de un periódico.
«No tengo registro, en los casi 25 años de la Relatoría de la Libertad de Expresión, que prácticamente toda una sala de redacción tuviera que desplazarse al exilio» dijo.
Comunidad internacional debe ejercer presión contra Ortega
La CIDH demanda a la administración de Daniel Ortega respetar los derechos de los nicaragüenses y garantizar la independencia de los medios de comunicación en Nicaragua y «abstenerse de aplicar la censura previa o la censura indirecta por parte de cualquier órgano estatal».
De igual forma, en su informe instan a las organizaciones de derechos humanos archivar todos los procesos judiciales en contra de los líderes de oposición, defensores, empresarios, periodistas y medios de comunicación que hayan sido iniciados arbitrariamente para «reprimir, sancionar y castigar el derecho a la libertad de expresión».
Para Esmeralda Arosemena, la comunidad internacional juega un papel importante en la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, ya que constantemente son violentados por el régimen.
«El tema es cómo la comunidad internacional asume esta responsabilidad como comunidad internacional, no como el Estado A, el B, o el C, sino como ese pensamiento de comunidad internacional en el compromiso de esos ideales que dieron pie al nacimiento de las instituciones protectoras de derechos humanos (…) Todos tenemos la responsabilidad de evaluar y los Estados a través de sus gobiernos tienen esa responsabilidad de tener esa conciencia de humanidad y hacerla cumplir», señaló.
La CIDH seguirá siendo un espacio para «denunciar a Nicaragua como violadora de derechos humanos, denunciar a Nicaragua como incumplidora de sus obligaciones internacionales», concluyó Arosemena.
