El dirigente opositor de Masaya Yubrank Suazo, de 31 años, fue condenado a 10 años de prisión más una multa superior a los 1,500 dólares por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Organizaciones de derechos humanos nicaragüenses calificaron de injusta la sentencia en contra del preso político y denunciaron que el joven se encuentra incomunicado y aislado en una celda de castigo del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», en Tipitapa.
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Suazo es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y esta es la segunda ocasión que ha sido encarcelado por el régimen de Daniel Ortega.
La nueva embajadora de España en Nicaragua, Pilar María Terrén Lalana, arribó a Managua el martes 26 de julio, tras casi un año de estar vacante el puesto por tensiones diplomáticas entre ambos países.
Este miércoles, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, recibió las cartas credenciales de la diplomática, a quien le reiteró que la relación debe respetar la «no injerencia en los asuntos internos de los países». La vocera del régimen, Rosario Murillo, también la saludó a través de los medios gubernamentales, señalando que Nicaragua es «de dignidad y soberanía».
La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo podría ser demandada internacionalmente por su negligencia e imprudencia en el manejo de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua.
Una investigación de la Universidad de Baleares de España reveló que los nicaragüenses cuentan con evidencias para denunciar al Estado como «responsable intelectual y material de las múltiples violaciones a los derechos humanos en el contexto de la pandemia», entre ellas, las irregularidades en las medidas de prevención y el ocultamiento de las cifras reales.
Además, confirmaron que el régimen sacó provecho de la situación al aplicar impuestos a respiradores, oxímetros y mascarillas. Recientemente, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, reconoció que el régimen de Ortega cobró por las pruebas rápidas donadas a Nicaragua porque, según él, la dictadura era «libre» de hacerlo.
La encuestadora M&R Consultores ubicó a Daniel Ortega como «el segundo mejor presidente del continente americano», después que la encuesta de Opinión Pública de la firma CID Gallup arrojara que la gestión de Ortega no goza ni del 40% de aprobación entre los nicaragüenses. Raúl Obregón, gerente general de M&R aseguró ante medios gubernamentales que Ortega tiene una aprobación del 74%, solo superado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
También afirmó que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica con apenas un 7% de delincuencia. La vicemandataria ilegítima, Rosario Murillo, agradeció por los resultados que le dieron una «excelente valoración».
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La noche de este miércoles se registró un violento accidente de tránsito en el sector conocido como la cuesta de La Cucamonga, en el kilómetro 170 en el departamento de Estelí, en el que se vio involucrado un bus que cubre la ruta Managua-Jalapa el cual impactó contra dos vehículos livianos para luego precipitarse en un abismo, informaron medios oficialistas.
Preliminarmente se conoció que el accidente dejó como resultado entre 12 y 18 fallecidos y varios lesionados, entre ellos adultos y niños. De acuerdo con los medios oficialistas en el bus viajaban más de 50 pasajeros. Los lesionados fueron trasladados al hospital San Juan de Dios de la ciudad de Estelí y al Hospital Ada María López del municipio de Condega.
La Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de otras 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre ellas, la Asociación de Productores de Semillas del Norte (APROSEN), la Fundación Cultural Indígena Miskut (F.M.), la Asociación Atención a la Niñez y la Adolescencia en Riesgo de Alcoholismo y Drogadicción, y la Asociación de Confiscados y Afectados Arges Sequiera Mangas que brindaba apoyo y acompañamiento a personas que reclamaban sus propiedades confiscadas en el primer gobierno de Daniel Ortega en la década de los 80.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció que el propósito de estas cancelaciones es «ejercer el control absoluto, silenciar a la sociedad y establecer un pensamiento único». Los diputados sandinistas y Gobernación han cerrado más de 1,100 oenegés, tanto nacionales como internacionales.