La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo cancelará otras doscientas organizaciones sin fines de lucro, luego que el diputado orteguista Filiberto Rodríguez presentara ante la Asamblea Nacional dos iniciativas de cancelación de las personerías jurídicas de estas entidades, en la que destaca el Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indigenas (Calpi), un organismo que ha denunciado las violaciones de derechos humanos en la Costa Caribe.
Rodríguez, quien es el vicepresidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos y el verdugo de las organizaciones canceladas, presentó la primera iniciativa —con una lista de 100 organismos— el 21 de julio a las 3:52 de la tarde; y la segunda, este 26 a las 1:08 de la tarde. Esta última está en agenda para aprobarla este 28 de julio, mientras que la otra iniciativa estaba prevista para presentarla este martes, pero finalmente no se abordó. Se espera que se concrete en la próxima sesión del Parlamento.
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Tal y como ha sucedido en las anteriores cancelaciones de organizaciones civiles, el diputado sandinista argumenta que estas asociaciones y fundaciones han «transgredido e incumplido con sus obligaciones» ante la ley, por lo que «obstaculizan el control y vigilancia» de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro.
Con estas nuevas cancelaciones, el régimen Ortega-Murillo sobrepasaría a más de mil oenegés ilegalizadas en los últimos tres años y medio. Solo en lo que va de 2022 Ortega ha ejecutado a más de 900 organismos de la sociedad civil. Las ONG han sido señaladas de violar la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; y la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.