Este 18 de julio, la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo, aprobó mediante sesión extraordinaria un préstamo por 116 millones de dólares financiados por el Banco Mundial (BM), a través de la International Development Association (IDA), para la ejecución del denominado «Proyecto de Respuesta a la Emergencia COVID-19».
«Con el Financiamiento Adicional el costo total del proyecto aumenta de US$ 20,000,000.00 a US$ 136 millones. La fecha de cierre de este programa es el 30 de junio de 2025», detalló el diputado sandinista Adolfo Pastrán. Además afirma que el programa se compone de dotación de insumos y equipos médicos y de laboratorios esenciales.
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Afirma que «el costo del componente aumenta de US$ 20 millones de dólares a US$ 136 millones de dólares» y explica que uno de los elementos del proyecto contará ahora con tres subcomponentes «para incorporar actividades adicionales relacionadas con la adquisición y el despliegue de las vacunas, así como con el fortalecimiento del sistema de salud».
La iniciativa se introdujo el 15 de julio con «trámite de urgencia» por Daniel Ortega, que expuso como motivos que en Nicaragua «se ha logrado avances significativos en la mejora del estado de salud de su población y estos logros deben conservarse como motores del crecimiento económico sostenible y la reducción de la pobreza».
Pastran afirma que buscan la adquisición de más vacunas «a través de la OMS (Organización Mundial de la Salud) mediante el uso de opciones que beneficien al país en cuanto a calidad y costo». Además de instalación de equipos de alta eficiencia que «ayuden a disminuir la carga económica de los establecimientos».
El préstamo será ejecutado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), a través de la Coordinación General de Programas y Proyectos (CGPP), Ministerio de Salud (Minsa) y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).
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En 2020, se aprobó un préstamo de 20 millones de dólares para «combatir la pandemia» que también fueron solicitados al Banco Mundial, los que totalizan 136 millones de dólares. Sin embargo, desde la llegada de la pandemia al país, no se decretó un «estado de emergencia», tampoco se tomaron medidas de parte del gobierno para frenar los contagios.
A pesar que el régimen de Ortega y Murillo sigue promocionando la vacuna casa a casa para evitar mas contagios del COVID-19, sigue llamando a actividades masivas, donde no se pone en práctica el distanciamiento social. Todos los viernes, la vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, anuncia miles de actividades masivas para los fines de semanas, acciones que son criticadas como «irresponsabilidad» ante la crisis sanitaria que vive el país.
Grupos de oposición y asociaciones médicas también han criticado el manejo que ha hecho el régimen de la pandemia, incluyendo el ocultamiento de información, la falsedad de los datos de muertes y contagios y la promoción de eventos de proliferación del virus.
