La tarde del 13 de julio, la Policía presentó al párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro de Boaco, monseñor Leonardo Urbina, a quien acusaron por los supuestos delitos de «violación y lesiones psicológicas» a una niña de 12 años. El religioso fue presentado con traje azul, rodeado de policías armados y exhibido por los medios de propaganda de la dictadura.
La noche del mismo miércoles, un grupo de feligreses de Boaco se apostó en la entrada de la parroquia Perpetuo Socorro, ubicada en esa ciudad, para protestar exigiendo la libertad del religioso.
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«Estamos aquí porque nos queremos manifestar por toda la injusticia que pasaron haciendo todo el día con nuestro párroco (Leonardo Urbina), todo esto estaba muy montado, pero ojalá que ante los ojos de Dios valga mucho esta organización», declaró una ciudadana que participó del plantón.
Durante la audiencia preliminar que se realizó este miércoles, la Fiscalía señaló que el religioso cometió dichos actos contra la menor al menos en tres ocasiones. La abogada suplente Sandra Dinarte resolvió que «la acusación reúne los requisitos formales. Es clara, presenta ideas articuladas, es precisa. A través de engaños y la confianza que tenía con la familia aprovechó la situación, por tanto, se admite la acusación».
Con esta nueva detención ya suman dos los sacerdotes detenidos en Nicaragua. El primero fue el padre Manuel Salvador García, párroco en Nandaime, condenado por exposición de personas al peligro y por la supuesta agresión a una mujer, que en el juicio dijo que no había sido agredida por el padre, luego fue acusada por falso testimonio.
Este mismo día, la Policía orteguista decomisó al periodista y corresponsal de Canal 10, Francisco Cantillano, la cámara de trabajo, su celular y otros equipos periodísticos, luego que dio cobertura a la protesta que realizaron pobladores de Boaco exigiendo la liberación del sacerdote Leonardo Urbina.
Después de 14 meses de encierro, el administrador de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Walter Gómez, de 55 años, luce muy deteriorado en su salud, constata un retrato hablado presentado por sus parientes.
María Céspedes, esposa de Gómez, detalló que el extrabajador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ha perdido unas 60 libras de peso, permanece en total oscuridad y solo le permiten 10 minutos de sol a la semana. Los responsables de la cárcel de «El Nuevo Chipote» tampoco les reciben más de tres botellas de agua y tres jugos para el reo político.
Ante la situación, Céspedes demandó al régimen la libertad inmediata de su cónyuge, el cese de la incomunicación y el aislamiento; el ingreso de más alimentos, así como colchonetas, sábanas y material de lectura; el permiso de visitas familiares de forma regular y la comunicación con los hijos menores de edad.
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La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) señaló que el retrato hablado del preso político Walter Gómez se suma al de Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Juan Lorenzo Holmann y Tamara Dávila, que muestran un «evidente deterioro en su aspecto físico y en su condición de salud».
La organización opositora indicó que la iniciativa busca visibilizar y movilizar a la comunidad nacional e internacional sobre la «cruel y delicada situación» de los encarcelados, y refirió que el retrato de Maradiaga obligó al régimen de Daniel Ortega a mostrarlo por primera vez después de un año.
Este 13 de julio, Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, también informó que la hija de ambos, Alejandra Victoria, cumplió nueve años; tres de ellos, sin poder abrazar a su papá, debido a las restricciones impuestas contra él por parte del régimen de Nicaragua.
A través de sus redes sociales, Valle lamentó que la niña ni siquiera pueda tener una llamada telefónica o un dibujo de su papá desde que la dictadura lo encarceló.
Daniel Ortega decidió retirar a su embajador en Costa Rica, Duilio Hernández Avilés, y designó al exvicecanciller, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, como ministro consejero con funciones consulares de la Embajada de Nicaragua en el país vecino.
El régimen de Daniel Ortega decidió despojar a Duilio Hernández de los dos cargos que ostentaba: el de embajador de Nicaragua ante el Gobierno de Costa Rica y el de tercer secretario en el Escalafón Diplomático del Servicio Exterior que conservaba desde 2005 y al que, según el acuerdo ministerial, el exfuncionario decidió renunciar.
La Cancillería también dejó sin efecto el nombramiento de Ana Lilliam Yllescas Valle en el cargo de agregada con funciones consulares en Costa Rica. Y por otro lado, Ortega nombró a María Gabriela Hassan Murillo como cogerente general de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales.
La aplanadora sandinista canceló la personalidad jurídica de otras 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), con lo que suman 958 las oenegés cerradas desde la crisis política de 2018.
La ilegalización fue aprobada con carácter de urgencia y sin debate, haciendo uso de la Ley de Organismos sin Fines de Lucro, Ley de Agentes Extranjeros y Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Entre las canceladas se encuentran organizaciones dedicadas a la salud, el medio ambiente, el arte, asociaciones cristianas y desarrollo comunitario. La Asamblea Nacional puso en agenda el cierre de otras cien oenegés.
La administración de Daniel Ortega nombró a Jeovani Francisco Álvarez Cubillo como el nuevo secretario general del Ministerio Agropecuario (MAG), tras la renuncia de Marcia Zeledón, hija del alcalde Matagalpa, Zadrach Zeledón, quien dejó el cargo después que se filtraran supuestas acusaciones sobre mal manejo de fondos.
La «asunción» de Álvarez Cubillo se dio el seis de julio, según consta en el acuerdo presidencial publicado este 13 de julio en el diario oficial, La Gaceta. El nombramiento se efectuó tres semanas después que el régimen Ortega-Murillo ordenara una «limpieza» en el ministerio que incluyó la destitución de Edward Centeno como titular de la cartera y el despido de conductores y de recursos humanos, revelaron medios nacionales.