Los dirigentes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas; junto a los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez, cumplen este cinco de julio de 2022 un año de permanecer cautivos en las celdas del Complejo Policial Evaristo Vázquez, conocido como «El Nuevo Chipote», un lugar donde reciben tratos crueles, inhumanos y degradantes, según denuncias de los familiares de los presos políticos y organismos de derechos humanos.
Los cinco presos políticos fueron detenidos el año pasado a pocos meses de las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, en una jornada de cacería de opositores que incluyó a siete aspirantes presidenciales que intentarían arrebatarle desde las urnas la Presidencia de Nicaragua al dictador Daniel Ortega.
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Hace un año, la Policía al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo allanó la casa de seguridad en donde se encontraba el universitario Max Jerez, presidente de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) y miembro de la Alianza Cívica.
En simultáneo, las fuerzas policiales también irrumpieron en la vivienda familiar y secuestraron al líder universitario Lesther Alemán, dirigente de AUN y uno de los rostros opositores conocidos por su aparición en aquella mesa del Diálogo Nacional, en el 2018, donde enfrentó a Daniel Ortega y le gritó una frase que le significaría la peor afrenta al dictador: «¡Ríndase!».
En el caso de los líderes campesinos, los tres opositores fueron detenidos en sus viviendas de forma violenta y es la segunda vez que sufren cárcel por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En 2018, fueron acusados de supuesto terrorismo y Mairena fue sentenciado a 216 años de prisión. En esta ocasión los señalaron por «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» conforme la Ley «represiva» 1055, Ley de Soberanía.
Los líderes campesinos y estudiantiles enfrentaron juicios viciados por «traición a la patria». Max Jerez, Lesther Alemán y Medardo Mairena fueron sentenciados a 13 años de cárcel; y Freddy Navas junto a Pedro Mena condenados a 10 años de prisión cada uno.
Recientemente, organizaciones opositoras y familiares de las personas presas políticas demandaron a la administración de Daniel Ortega que permita el ingreso de organismos internacionales a los centros penitenciarios de Nicaragua, en especial a las celdas del «Nuevo Chipote», para que constaten la situación de salud y física de sus parientes detenidos.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en Nicaragua existen 190 opositores encarcelados por razones políticas y juzgados con leyes aprobadas meses antes de las elecciones presidenciales y tildadas de represivas por opositores y organismos de derechos humanos. Todos han sido víctimas de torturas, de acuerdo con denuncias de sus familiares.