Un juez de Kentucky bloqueó este jueves temporalmente la prohibición al aborto que este estado activó nada más hacerse pública la decisión del Tribunal Supremo de derogar la protección de este derecho en Estados Unidos.
Según informa la prensa local, el juez Mitch Perry atendió así la petición de las dos organizaciones con clínicas en Louisville que practicaban interrupciones voluntarias, EMW Women’s Surgical Center y Planned Parenthood.
Kentucky fue uno de los nueve estados que tenía ya lista la prohibición del aborto para cuando saliera el fallo del Supremo, y que fue por tanto efectiva el viernes pasado.
La decisión del juez de Kentucky es la tercera de este tipo que se produce en el país.
El lunes pasado otro juez de Luisiana suspendió la prohibición del aborto en este estado y el 28 hizo lo mismo un juez de Texas.
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Hay otros litigios abiertos en el país y promovidos por las organizaciones que defienden los derechos reproductivos de la mujer que tratan de impedir la prohibición total al aborto que defienden muchos estados conservadores.
Sentenciado a cárcel por amenaza de bomba contra una clínica abortiva en EEUU
Un hombre fue sentenciado en Ohio a un año y diez meses de prisión por haber lanzado una amenaza de bomba contra una clínica abortiva, informó este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Carlos Manuel Rodríguez, de 26 años y originario de Columbus (Ohio), fue arrestado en 2021 y se declaró culpable de amenazas el pasado febrero.
Según el relato del Departamento de Justicia, Rodríguez llamó el 11 de abril del año pasado a una clínica de salud reproductiva y amenazó con asesinar a una paciente que quería abortar.
En otra llamada, hecha el mismo día, afirmó que iba a enviar una bomba al centro médico y sugirió al personal que cerrara la clínica.
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El sentenciado admitió haber violado la Ley de libertad de acceso a clínicas, que desde 1994 tipifica como delito federal las amenazas, intimidaciones y ataques contra centros que ofrecen servicios de salud, incluidos los abortos.
“Los pacientes que buscan servicios de salud reproductiva deben poder hacerlo libres de violencia y de amenazas”, reivindicó la fiscal general adjunta Kristen Clarke en el comunicado.
Clarke dijo que esta sentencia lanza “un fuerte mensaje” de que el Departamento de Justicia defiende el acceso seguro a las clínicas de salud reproductiva.
Esta sentencia llega en pleno debate nacional sobre el derecho a interrumpir libremente el embarazo.
El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, falló el pasado viernes retirar la protección federal al aborto, vigente desde 1973.
Esta decisión no prohíbe la interrupción médica del embarazo pero deja en manos de los estados la potestad de regularlo.
Al menos siete estados gobernados por conservadores han prohibido el aborto desde que salió el fallo del Supremo, y se espera que se sumen otros durante las próximas semanas.
