Al menos 20 presos políticos adultos mayores están bajo custodia de la Policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Todos presentan diversos problemas de salud y enfermedades preexistentes que se han agravado durante su cautiverio.
Las precarias e inhumanas condiciones carcelarias a las que son sometidos los presos politicos adultos mayores no cumplen con los requerimientos básicos de los estándares internacionales. Los familiares han solicitado en reiteradas ocasiones que, mientras no sean liberados, se pongan en práctica las Reglas Mandela para los reclusos.
A los presos políticos les han negado el derecho a la visita de sus familiares, desde finales de mayo de 2021, cuando comenzó la cacería de opositores, el régimen Ortega-Murillo solo les ha permitido ocho visitas.
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También les niegan el acceso a medicamentos para tratar las enfermedades, atención médica, horas de patio sol, los someten a extensos interrogatorios, dan poca alimentación y están aislados e incomunicados entre ellos.
Algunos adultos mayores padecen apnea del sueño, infecciones por hongo debido a la humedad de las celdas, despigmentación De la piel, problemas dentales, de circulación, cardíacos, presión arterial, pérdida de la memoria, lesiones en la espalda, entre otras.
La Ley del Adulto Mayor
La Ley 720, Ley de Adulto Mayor, y el Código Procesal Penal (CPP) protegen a las personas de 60 años a más. Según las leyes de la República, deberían ser beneficiados con el régimen de casa por cárcel o arresto domiciliar cuando se realiza el proceso judicial o cuando haya sentencia firme. Solo 11 de los 20 detenidos tienen están en el régimen de arresto domiciliario.
El inciso 13 de la Ley 720, Ley del Adulto Mayor señala que, a los mayores de 60 años se le garantice ante los jueces o tribunales competentes «un proceso sencillo, con prelación, celeridad, gratuidad e inmediatez, con las debidas garantías procesales, que le ampare contra actos que violen o puedan violar sus derechos humanos y libertades fundamentales».
El Código Procesal Penal (CPP) de Nicaragua explica que la sustitución de prisión preventiva por domiciliaria debe ser decidida por el juez que conoce de la causa, pero estos responden a los intereses de la pareja dictatorial.
«El juez puede sustituir la prisión preventiva por prisión domiciliaria, entre otros casos, cuando se trate de: Mujeres en los tres últimos meses de embarazo; madres durante la lactancia de sus hijos hasta los seis meses posteriores al nacimiento o personas valetudinarias o afectadas por una enfermedad en fase terminal debidamente comprobada», detalla la normativa.
El reo de conciencia de mayor edad es el analista político y exembajador Edgard Parrales con 79 años; le sigue el excanciller Francisco Aguirre Sacasa de 77; el exembajador de Nicaragua ante la OEA Mauricio Díaz de 71; la excandidata a vicepresidenta Violeta Granera Padilla con 71 años; el periodista y político opositor Pedro Joaquín Chamorro Barrios de 70 años, entre otros.
