Costa Rica ha recibido casi 200.000 solicitudes de refugio en la última década, de las cuales el 89 % corresponde a personas nicaragüenses, cuyos números se incrementaron de manera exponencial a partir de 2018 con la crisis sociopolítica generada por las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.
Datos de la Unidad de Refugio de la Dirección de Migración de Costa Rica indican que en entre 2013 y 2017 el país recibió un total de 15.352 solicitudes, pero con la crisis en Nicaragua la cantidad desde 2018 hasta mayo de 2022 alcanzó las 175.055.
La directora de la Unidad de Refugio, Esther Núñez, dijo este lunes en el foro “Derribando Muros, Construyendo Esperanza”, organizado por SOS Nicaragua en el marco del Día de los Refugiados, que Costa Rica cuenta con una “capacidad muy limitada” para atender esa cantidad de solicitudes.
La Unidad de refugio solo cuenta con la directora y 3 abogados, ante lo cual Núñez valoró el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para la contratación de 24 abogados y 15 oficinistas que han permitido abrir oficinas en la zona fronteriza con Nicaragua.
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Núñez también advirtió que “gran parte” de las personas que solicitan refugio en Costa Rica lo hacen “porque necesitan regular su estatus migratorio, pero realmente no califican para refugio”.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, dijo el pasado 10 de junio en la Cumbre de las Américas que su país es la nación latinoamericana con mayor porcentaje de migrantes regulares en proporción a su población, con un 12 %, pero advirtió que esa cifra podría subir hasta el 20 % si se toman en cuenta los migrantes irregulares.
Ante ello solicitó el apoyo internacional para que Costa Rica pueda hacer frente a la atención de los migrantes y solicitantes de refugio, pues cuenta con recursos limitados.
El representante de ACNUR en Costa Rica, Milton Moreno, recordó que después de 2018 ha aumentado su apoyo al Gobierno costarricense para dar respuesta a la situación de los nicaragüenses, enfocándose de manera prioritaria en las personas más vulnerables.
“Hemos tratado de asegurarnos de que la situación que Costa Rica enfrenta no sea olvidada. Aún tenemos una situación grande en el sur del continente con el movimiento de personas venezolanas y en el norte con las personas tratando de ir a Estados Unidos”, comentó Moreno.
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Moreno enfatizó en que la comunidad internacional debe hacer un esfuerzo mayor para atender las crisis migratorias y en cuanto a Costa Rica brindarle apoyo para que pueda sostener sus programas de servicios públicos como los de salud y educación.
“Costa Rica es un país que se destaca por sus políticas de derechos humanos, de fronteras abiertas, pero también esa generosidad a veces debe ser recompensada de cierta manera para que haya una responsabilidad compartida de la comunidad internacional”, dijo.
En el foro, un grupo de organizaciones de la sociedad civil firmaron una declaración en la que hacen un llamado a la comunidad internacional y a la cooperación internacional para “acelerar los esfuerzos para brindar una atención integral y sostenible a todas las personas que se han visto forzadas a desplazarse”.
Las organizaciones destacaron la tradición de recepción de migrantes y de derechos humanos de Costa Rica, pero le pidieron mejorar los procesos de regularización migratoria y de solicitantes de asilo, ampliar el acceso a salud como derecho inalienable para todo ser humano y reforzar las instituciones de educación para garantizar la equidad de acceso.
