Dos resoluciones del Parlamento Europeo han instado a que los estados miembros de la Unión Europea (UE) y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) soliciten a la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie una «investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad».
El abogado Braulio Abarca, defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más, explicó a Artículo 66 que es «imposible» que la CPI juzgue a Daniel Ortega o cualquier nicaragüense porque el Estado no ha ratificado el Estatuto de Roma y «no tiene jurisdicción en Nicaragua»
«En el tema de derecho internacional, lo que son las jurisdicciones penales internacionales tienen que ser concebidas previamente, entonces como no hay una jurisdicción por tiempo, por materia, por persona o por lugar no se puede lograr», detalló.
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Sobre el ejercicio de competencia del Estatuto de Roma, el artículo 13 establece que el Consejo de Seguridad puede remitir al fiscal de la CPI una situación en que parezca haberse cometido crímenes que son competencia de esta Corte.
Abarca explicó que el tribunal internacional no tiene jurisdicción en Nicaragua, pero sí se puede denunciar ante la CPI cuando se comete un delito en territorio nicaragüense contra una persona extranjera que su país esté bajo la justificación de la Corte.
«En el caso de la doctora brasileña Rayneia Da Costa Lima (asesinada en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua) es una persona extranjera la víctima de un delito, se puede hacer lo que es una denuncia bajo jurisdicción universal en países que hayan ratificado el Estatuto de Roma», dijo.
«(Aunque) no es probable que un nacional de un país como Nicaragua sea juzgado por delitos de crímenes de lesa humanidad porque no existe una “policía internacional” que entre a un país a sacar a sus nacionales, estaría violentando el principio de no intervención bélica», añadió el jurista.
El defensor de derechos humanos afirmó que, aunque se denuncie a Daniel Ortega ante la CPI, no es posible que haya una forma que pueda ser juzgado. Aclaró que la CPI mandó un enviado a Venezuela, pero la jurisdicción operó porque el país ratificó el Estatuto de Roma sobre la Corte, pero «mientras no exista una anuencia, un consentimiento o la ratificación del Estatuto de Roma no se puede», aseguró.
La búsqueda de la justicia
Ana Quirós, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) saludó la solicitud del Parlamento Europeo y aseguró que esto «abre la posibilidad de que la Corte Penal Internacional incorpore las denuncias y pueda promover que distintas personas del régimen Ortega y Murillo sean juzgadas por este tribunal de máxima justicia internacional».
«La resolución es un paso más en la búsqueda de la justicia. Cuando esa investigación concluya quién saldrá afectado no es Nicaragua, sino que son las personas juzgadas porque la Corte Penal Internacional generalmente juzga a personas o algunas instituciones y les lleva adelante un proceso que, de ser hallados culpables, enfrentan condenas internacionales importantes», manifestó.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad en su informe final que abarcó los hechos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, los primeros días de la cruenta represión que ejerció la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los manifestantes pacíficos que exigían la derogación de la reforma fallida al Seguro Social.
Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma
La CPI es el órgano judicial permanente encargado de enjuiciar los crímenes más graves de derecho internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
La ratificación universal del Estatuto que la establece supondría un compromiso global de lucha por la justicia internacional que no dejaría ni una sola opción de escapar de la exigencia de responsabilidad penal a los perpetradores de estos crímenes.
Hasta hoy, el Estatuto ha sido ratificado por 111 países desde que fue aprobado. Nicaragua y Cuba son los únicos países de América Latina que aún no lo han hecho.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó en una visita a Nicaragua las graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses en el contexto de las protestas de 2018, una revuelta que dejó como saldo más de 350 víctimas. Los crímenes continúan en la impunidad.