Ana Lucía Álvarez, hermana de la presa política Tamara Dávila y sobrina de la también presa política Ana Margarita Vijil, denunció la falta de atención médica para los reos de conciencia detenidos en «El Chipote» y el sistemas penitenciarios del país. Explicó que esas acciones del régimen son una «política intencionada del desgaste de los cuerpos a través de no brindar atención médica oportuna y especializada».
Además, explicó que las autoridades penitenciarias también les niegan el ingreso fr alimentos en la Dirección de Auxilio Judicial donde están detenidos 29 opositores. «Hemos intentado ingresar alimentos en diversos momento, pero solo nos reciben una botella de agua tres veces al día, lo mismo sucede en los sistemas penitenciarios», dijo Álvarez en el evento «Justicia secuestrada y prisión política en Nicaragua».
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Ana Lucía Álvarez aseguró que las mujeres familares de las personas presas políticas son que «estamos sosteniendo la vida de las y los presos políticos en Nicaragua. Somos las mujeres familiares las que estamos yendo a la cárcel, estamos siendo agredidas en las extensas requisas en los sistemas penitenciarios». Denunció son víctimas agresiones sexualizadas, tocamientos y desnudos cuando llegan a las visitas de sus familiares. «Estas mujeres están sufriendo», enfatizó.
«Hay muchas familias que después de tres años están en condición precaria, después de muchísimo esfuerzo les llevan la paquetería y de repente en las requisas les quitan todo. Esa también es una política de represión. No tenés derecho a reclamar, a disentir, no tenés derecho a nada», alertó.
Álvarez manifestó que la crisis sociopolítica en Nicaragua también se ha manifestado a través de la aprobación de leyes represivas en un intento del régimen por «ilegalizar y legitimar a nivel nacional e internacional lo que en verdad es un Estado de absoluta represión».
«Esta represión del régimen se ha manifestado a través de campañas sistemáticas de hostigamiento, no solo a la disidencia, en el país hay una política generalizada de represión donde toda persona que cuestiona el poder es una persona vista como enemiga», apuntó.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabiliza más de 180 personas detenidas en el contexto de la crisis social, política, económica y de derechos humanos en Nicaragua. La crisis se ha extendido por cuatro años desde abril 2018.