La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo le regaló la nacionalidad nicaragüense al ciudadano venezolano Mohamad Al Akli Mansour, según la resolución No. 33121 del Ministerio de Gobernación publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 96 de este jueves, 26 de mayo de 2022.
La resolución de Gobernación señala que Mansour llegó a Nicaragua el 23 de septiembre de 2019 y ha permanecido en el país de forma ininterrumpida. Está casado, nació en Venezuela el 12 de abril de 1992, tiene 30 años y lazos de consanguinidad con nicaragüense.
Mansour estuvo ligado entre 2015 y 2019 a la empresa Makro Trading Panamá S.A., una compañía fundada el 14 de septiembre de 2015 en la Ciudad de Panamá bajo el registro mercantil 155612711, según datos públicos disponibles en la web. Ocupó los puestos de director y secretario durante esos años.
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El venezolano fue destituido de sus cargos entre julio y noviembre de 2019, según datos consultados por este medio de comunicación. La fecha de su remoción de la compañía coinciden con su llegada y establecimiento en Nicaragua, en septiembre de 2019.
Otros nacionalizados en el pasado
En 2021, la dictadura de Ortega nacionalizó a dos médicos de la planta rusa Mechnikov. Desde el 16 de agosto del año pasado, Viktor Pavlovich Trukhin ostenta la ciudadanía nicaragüense por haber contribuido al «desarrollo científico y tecnológico». La doctora rusa Elena Petrovna Nacharova fue nacionalizada el ocho de octubre, ella también labora en el Laboratorio Latinoamericano de Biotecnología instalado en Nicaragua.
Igualmente, ha otorgado la nacionalidad a funcionarios salvadoreños perseguidos por corrupción en su país entre ellos los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén al igual que a los familiares de esos políticos.
Ortega también ratificó la nacionalidad nicaragüense a la estadounidense Sozan Adli Mosa Saed, hija del empresario jordano, nacionalizado nicaragüense, Adli Musa Farhood, señalado por el antiguo embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Paul Trivelli, de ser parte de un grupo de seis empresarios palestinos que viven en Nicaragua supuestamente ligados al lavado de dinero, contrabando, tráfico de personas y a la recolección de fondos para organizaciones violentas como el movimiento radical Hamás, según recoge una nota periodística de El Nuevo Diario (END) de abril de 2011.
