La Organización de las Naciones Unidas (ONU) eligió a los tres expertos encargados de investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde 2018 para lograr la rendición de cuentas de los autores de los crímenes.
El organismo dio a conocer que el presidente del Consejo de Derechos Humanos, Federico Villegas, designó a los abogados Jan-Michael Simon de Alemania, Alexandro Álvarez de Chile y Ángela María Buitrago de Colombia.
El chileno Alexandro Álvarez ya trabajó con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018-2021) y se desempeñó como consultor internacional de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre Nicaragua (2021-2022).
Fuentes cercanas a los responsables de la iglesia San Juan Bautista, de Masaya, informaron a Artículo 66 que la decena de agentes de la Policía que asediaban el templo se retiraron, y el párroco Harving Padilla logró salir en horas del mediodía. Los agentes y civiles identificados como paramilitares habrían abandonado la zona este martes, luego de cercar por cuatro días todos los puntos que conducen a la parroquia.
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La Iglesia católica nicaragüense ha sido víctima de 190 agresiones desde el 2018 a mayo de 2022, indica un informe elaborado por la investigadora experta en temas de anticorrupción Martha Patricia Molina.
El documento detalla que el 2019 fue el año más hostil con 94 casos registrados contra templos y sacerdotes que forzaron al exilio a religiosos y laicos. En lo que va del año ya se contabilizan 20 ataques contra la Iglesia, denunciadas públicamente.
Entre las violaciones se encuentran las agresiones, amenazas verbales, profanaciones, vandalismo, obstáculos a oenegés, robos y mensajes agresivos de la pareja presidencial.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dio a conocer que «una delegación internacional desarrollará esta semana en Washington D.C. un programa de entrevistas con legisladores y funcionarios de Estados Unidos» con el objetivo de exponer los casos de persecución, represión y violencia contra periodistas en Cuba, Nicaragua, México y Venezuela.
El organismo, con sede en Miami, detalló que la delegación sostendrá reuniones con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y con el Grupo de Amigos de la Libertad de Expresión y el Periodismo de ese foro; también se reunirá con el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca.
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El Ministerio de Gobernación canceló este martes los registros y números perpetuos de seis organismos sin fines de lucro originarias de Europa, Estados Unidos y Costa Rica, tras acusarlas de obstaculizar los controles internos y de no haberse registrados como «agentes extranjeros».
Las organizaciones ilegalizadas son Médico Internacional E.V. (Alemania), Fundación para la Cooperación Internacional Funciona (España), Fundación Terre Des Hommes Italia-Onlus (Italia), las estadounidenses Planting Hope, INC (Sembrando Esperanza, INC) y Proyecto Gettysburg-León, INC, y la costarricense Asociación Vivamos Mejor.
Las ONG se dedicaban a cooperar en zonas pobres y remotas en los ámbitos de la pobreza, salud y trabajo psicosocial con personas traumatizadas, ayuda directa e inmediata a la infancia en dificultad, educación, desarrollo comunitario, nutrición, seguridad alimentaria, y gestión ambiental.
El centro de pensamiento e investigación Expediente Abierto propuso una hoja de ruta de nueve pasos para refundar la Fiscalía de Nicaragua y llevar justicia al país que atraviesa una crisis sociopolítica desde abril de 2018.
En el estudio elaborado por Alexander Rodríguez Campos, experto internacional en Ministerios Públicos, en colaboración con Expediente Abierto, se propone como primer paso la modificación de los nombramientos.
En vez de ser elegidos por la Asamblea Nacional, recomienda una reforma constitucional que establezca la conformación de un Consejo de la Judicatura que nombre y remueva a los magistrados de la Corte Suprema, así como al fiscal general y al fiscal general adjunto.
Entre las propuestas, también sugiere remover a aquellos fiscales que planificaron y ejecutaron actos de persecución jurídica contra opositores, ciudadanos o periodistas, a partir de abril de 2018, cuando estalló la crisis, así como prohibir a futuro la incorporación como fiscales de policías y militares retirados.
