En cuatro años de crisis sociopolítica, la dictadura de Nicaragua ha emprendido una voraz persecución contra la Iglesia católica, los templos religiosos, sus sacerdotes y obispos, sumando 190 ataques desde abril 2018 a mayo de 2022, revela el informe «Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?» , una recopilación de la abogada de derechos humanos, investigadora y experta en temas de corrupción, Martha Patricia Molina.
Los ataques ordenados por Daniel Ortega y Rosario Murillo surgen a raíz del papel que jugaron los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadores y testigos del fallido primer Diálogo Nacional que se realizó en mayo de 2018, a menos de un mes de iniciadas las protestas sociales que fueron reprimidas por paramilitares y la Policía Nacional. La opresión estatal dejó un saldo de 355 muertes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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El documento recoge seis tipificaciones de ataques contra la Iglesia: pintas en las paredes y mensajes anónimos en templos católicos; agresiones, amenazas y exilios a sacerdotes, obispos y laicos católicos; obstáculos a Organizaciones Sin Fines de Lucro de la Iglesia; mensajes orales agresivos contra sacerdotes y religiosos pronunciados por la pareja dictatorial; profanaciones de templos y robos.
«La Iglesia católica fue una de las primeras instituciones que mediante múltiples acciones demostró el apoyo a estudiantes y manifestantes. Los sacerdotes abrieron las puertas de los templos, proporcionaron espacios de diálogo, hicieron varios llamando a la paz y cese de hostilidades, promovieron jornadas de oración, atendieron a heridos, brindaron compañía a familiares de ciudadanos asesinados, secuestrados, presos políticos; entre otros», destaca el informe.
La investigadora considera que las acciones del régimen Ortega Murillo iniciaron una etapa de «declive» en la relación de la dictadura con la Iglesia la que califica como «bonanza ficticia» que se había formado desde el año 2007. Señala que desde 2018 «comenzó una etapa de declive hasta llegar a ser una relación hostil; caracterizada por agresiones, abusos y arbitrariedades».
El rol de la Iglesia
El informe asegura que el rol de la iglesia católica ha sido fundamental en la crisis derechos humanos que enfrenta Nicaragua y como consecuencia; el régimen Ortega-Murillo inició una «persecución indiscriminada» en contra de obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosas, grupos laicales y hacia todo lo que tenga relación directa o indirecta con la Iglesia.
Cuatro de cada 10 (40 %) agresiones registradas en cuatro años fue con obispos sacerdotes; cinco de cada 10 (49 %) fue contra templos religiosos y uno de cada 10 (11 %) de los ataques se registró en el acápite otros. Según el tipo de hostilidad cometida, los datos apuntan que las agresiones a sacerdotes, obispos, religiosas, seminaristas, laicos y exilios representan el 37 % de las hostilidades; las profanaciones a los templos 19 %; 17 % otros casos de hostilidad, entre los que destacan: asedios, destrucción, quemas, prohibiciones, bloqueos de servicios básicos, invasiones a la propiedad privada.
«El cuarto lugar corresponde a los mensajes de odio emanados por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo en contra de sacerdotes y obispos y según el dato alcanza el 9 % de las hostilidades. El quinto lugar son los robos en un 9 %. Sexto lugar con el 6 % las pintas y mensajes de amenaza, odio y difamación en las paredes de templos y edificios católicos, y finalmente el séptimo lugar corresponde al 3 % referido a los cierres de las ONG e impedimentos en contra de la función social y humanitaria de la iglesia», detalla el documento.
Agredidos por «turberos»
El cardenal Leopoldo Brenes y su obispo auxiliar, monseñor Silvio José Báez, el entonces nuncio apostólico en Nicaragua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, y sacerdotes de la Arquidiócesis de Managua, fueron agredidos por las turbas del régimen el nueve de julio de 2018 en la Basílica Menor de San Sebastián en Diriamba. Llegaron al templo con el fin de pedir la liberación de un grupo de personas que estaban refugiadas en ese lugar y el cese de la represión que vivían los opositores en esa localidad, producto de la llamada «Operación Limpieza».
El 31 de julio de 2020 se registró un incendio en la Capilla de la imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua, un sujeto desconocido lanzó una bomba contra la venerada imagen que fue consumida por las llamas. La Policía negó mano criminal y la vocera de la dictadura de Nicaragua, Rosario Murillo, contradijo la versión de testigos y sacerdotes que se encontraban en Catedral cuando se dio el incendio. Murillo alegó que fue provocado por el mal uso de las «veladoras de los feligreses que pagan promesas a los santos».
En la fachada de la Iglesia Divina Misericordia de Managua aún permanecen los huecos que dejó la lluvia de balas que por 19 horas sufrió el templo religioso, dos sacerdotes y unos doscientos jóvenes, que tenían tomada la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) como parte de las protestas sociales de 2018, sortearon el ataque de los policías en conjunto con paramilitares. El 13 de julio inició el ataque, la retirada de los atrincherados se concentró en la parroquia que abrió sus puertas para evitar una masacre.
Decenas de sacerdotes han denunciado el asedio constante de la Policía y personas afines a la dictadura, en muchas ocasiones rodean los templos y no dejan ingresar a la feligresía a las misas, incluso han encerrado a los religiosos, suspendido los servicios básicos, agredió verbal y físicamente. El caso más reciente de censura contra la Iglesia fue la suspensión de la señal por cable del Canal 51, Canal Católico, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua tras el anuncio de ayuno y oración indefinidos de monseñor Rolando Álvarez que denunció el recrudecimiento de la persecución en su contra y se mantenía refugiado en la Iglesia Santo Cristo de Las Colinas en Managua.
«Ortega atenta contra la libertad religiosa»
Los informes de 2020 y 2021 sobre libertad religiosa de la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa de EE.UU. (USCIRF, por sus siglas en inglés) acusaron al régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo de atentar contra la libertad religiosa y de culto de los nicaragüenses, al tiempo que condenó las más recientes agresiones de partidarios fanatizados del partido de gobierno contra la Iglesia católica.
El informe explica que, si bien el dictador Daniel Ortega señala que en el país existe «libertad religiosa» y que su régimen se manifiesta en la propaganda como «cristiano»; muchos líderes de la Iglesia católica manifiestan que la dictadura está «politizando la religión» y utilizando el lenguaje propio del cristianismo para manipular a la opinión pública.
El documento sobre libertad religiosa de la administración estadounidense responsabiliza a Daniel Ortega de exacerbar el ánimo de sus partidarios fanatizados; quienes empujados por su discurso de odio contra la Iglesia emitido el 19 de julio de 2018, cuando llamó a los obispos «golpistas» y «terroristas»; dio apertura para que se hicieran sistemáticos los actos de hostigamiento contra la Iglesia, los obispos, sacerdotes e instituciones católicas.
