La presa política María Esperanza Sánchez, desde el 12 de mayo ha presentado afectaciones en su salud y actualmente se encuentra internada en el centro médico del penal de mujeres conocido como «La Esperanza», debido a «cuadros graves de asma, presión arterial alta y dificultad para caminar», denunció el Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos (GREX).
La agrupación política señaló que a pesar que las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional le están brindado atención médica a la líder opositora, no es la adecuada, y por lo tanto, «no han podido estabilizarla». Los familiares de Sánchez se encuentran «preocupados» por el grave estado de su salud y temen por su vida.
La presa política, de 53 años, cumplió el 26 de enero dos años de estar encarcelada en el penal «La Esperanza». La hija de la rehén lamenta el cautiverio que padece su madre «y todas las torturas físicas y psicológica que ha vivido» desde ese momento.
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La activista fue detenida el 26 de enero de 2020 en una casa de seguridad en Managua, donde estaba resguardada desde noviembre de 2019, debido al hostigamiento y amenazas de muerte profesadas por fanáticos del gobierno. El régimen orteguista la condenó a 10 años de prisión y el pago de 31 mil córdobas por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes.
Sánchez cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las que le fueron otorgadas «tras considerar que (los beneficiarios) se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, en el contexto de su privación de libertad en Nicaragua».
EL GREX exige a las autoridades judiciales que le brinden una atención médica especializada a María Esperanza Sánchez, para que su condición de salud no se continúe agravando.
Este 17 de mayo, la Unidad de Defensa Jurídica denunció que pese al «grave deterioro» de la salud de los presos políticos encerrados en los diferentes centro de reclusión en Nicaragua, las autoridades judiciales continúan negándole atención médica especializada a los rehenes de la dictadura.
Asimismo, le preocupa la negativa del régimen de Ortega de no autorizar las valoraciones médicas correspondientes. Temen que la salud de los reos de conciencia se agrave, y «a esta preocupación se le suma (…) la denegación de información relacionada al estado de salud de las personas presas políticas bajo su custodia, tanto a familiares como a sus abogados y abogados defensores».
