El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró en su informe «Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes de 2022 (INCSR)» que Nicaragua continúa vulnerable ante el lavado de dinero y el narcotráfico internacional debido a la corrupción, falta de transparencia e instituciones politizadas.
El informe anual fue elaborado de conformidad con la Ley de Asistencia Extranjera y enviado al Congreso norteamericano. En el documento se describen los esfuerzos de países claves para atacar los aspectos del comercio internacional de drogas en el año calendario 2020. Dicho informe consta de dos volúmenes. El volumen I cubre las actividades de control de drogas y productos químicos, mientras el volumen II lo vinculado con el lavado de dinero y los delitos financieros. Nicaragua está mal en los dos aspectos, afirman.
«Nicaragua no es un centro financiero regional, pero sigue siendo vulnerable al lavado de dinero debido a la corrupción, falta de transparencia, narcotráfico, un gran sector (laboral) informal e instituciones politizadas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ( ALD / CFT)», señala en Departamento de Estado.
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Asimismo, destaca el «fracaso» del régimen de Daniel Ortega para actuar contra los funcionarios designados por los EE. UU., mientras «persigue a la líderes de la oposición por supuesto lavado de dinero, empañando su credibilidad».
«Las acciones del gobierno también han suscitado preocupación de que algunas personas y entidades con obligaciones legales de informar actividades pueden convertirse en objetivos políticos. En los últimos tres años, el gobierno ha desarrollado nuevas políticas, procedimientos y controles», subraya.
Contrabando ilícito de oro y carne
En el informe anual, la administración de Joe Biden insiste que en Nicaragua el lavado de dinero podría disfrazarse a través de empresas que distribuyen oro y carne, «especialmente para las operaciones de pequeña escala que dependen del efectivo».
El oro es uno de los principales rubros de exportación del país y el gobierno de Estados Unidos asegura que el sector minero «no iguala la producción de oro, aumentando la preocupación por el contrabando ilegal de oro, seguido del café y la carne de res».
Además, alega que el régimen de Nicaragua podría usar el comercio de oro «para eludir las sanciones de EE.UU., a Venezuela al importar oro venezolano a Nicaragua y luego exportarlo a terceros países, particularmente en Europa y el Medio Oriente».
«Nicaragua sigue siendo un país de tránsito de narcóticos y contrabando ilegal de oro y es vulnerable a lavado de dinero. El crimen organizado, los delitos cibernéticos y la trata de personas también pueden tener aumento debido a tres años de recesión económica e inestabilidad política, presentando vulnerabilidades», remarca el documento.
Corrupción pública aumenta el lavado de dinero
El Departamento de Estado sostiene que la corrupción pública que persiste en el país «impulsa el blanqueo de capitales en la construcción y la contratación de bienes y servicios».
De igual forma, señala que el sector salud es vulnerable por la opacidad en la distribución de recursos en respuesta a la pandemia de COVID-19.
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Destaca que la administración de Ortega no ha publicado datos de 2021 sobre empresas que operan en zonas de libre comercio entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua lo que facilita el tráfico de personas, contrabando y dinero en efectivo.
Además, el informe indica que «Nicaragua no ofrece programas de ciudadanía económica pero brinda asilo y ciudadanía a aliados políticos investigados por corrupción en sus países de origen. En julio (2021), el gobierno otorgó la ciudadanía al expresidente de El Salvador Sánchez Cerén y miembros de su familia».
Politización de las instituciones
El régimen de Ortega ha establecido nuevas normativas o reformado las leyes. En ese caso, Estados Unidos señala que en febrero de 2021 el gobierno de Nicaragua revisó la Ley 842, Ley para la Protección de los Consumidores y Usuarios, que obliga a las instituciones financieras de Nicaragua a hacer negocios con las personas designadas, es decir, sancionadas.
«Instituciones financieras en Nicaragua que se nieguen a cumplir con la ley pueden ser objeto de acción punitiva por parte del régimen- Banco Central alineado y Superintendencia de Bancos, los implementadores de la ley», detalla.
Para la administración de Biden, la dictadura «mantiene la politización de las instituciones públicas lo que sigue siendo el mayor obstáculo para la implementación y aplicación de medidas ALD/CFT».
«El gobierno ha reforzado el control sobre AML partes interesadas, priorizando el hostigamiento de los opositores políticos sobre el fortalecimiento de la capacidad de los reguladores y ayudando a las entidades informantes a cumplir con la legislación ALD/CFT», finaliza el acápite referido e Nicaragua.
