Los diputados orteguistas ante la Asamblea Nacional, al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobaron una reforma a la Ley Electoral a pocos meses de realizarse las elecciones municipales de noviembre de 2022. La propuesta, presentada por la bancada de los 75 parlamentarios sandinistas, consiste en la modificación de 10 artículos: 16, 21, 22, 70, 74, 85, 105, 148 y 158 de la Ley No. 131.
La reforma fue aprobada con 78 votos a favor, 0 en contra, 10 abstenciones y 3 presentes. Según el documento, los cambios son para «agilizar» y «mejorar» diversos aspectos del proceso electoral en las votaciones municipales que se realizarán en menos de seis meses, entre ellos, cambiar los tiempos de las campañas, repartición de escaños y el número de electores por Junta Receptora de Votos (JRV).
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Mediante la reforma, Ortega busca ampliar de 400 a 600 el número de electores por JRV, traduciéndose en menos Centros de Votación. Con esto, el régimen pretende vender la imagen de una mayor afluencia de votantes, ya que las elecciones presidenciales de 2021 fueron señaladas y criticadas por el bajo número de ciudadanos que dejaron las urnas vacías como forma de «resistencia ante el fraude electoral».
Los reportes de ciudadanos y organizaciones opositoras registraron la pobre afluencia, que se repitió en todos los departamentos del país, donde la población no salió a votar como respuesta a las campañas promovidas por sectores de la oposición.
La propuesta señala que el objetivo de la reforma al artículo 16 que se hace para «acortar el tiempo para que los partidos políticos presenten sus propuestas para la conformación de los Consejo Electorales Departamentales o Regionales».
Con esta reforma también se modifica el uso y aplicación de la tinta indeleble, la que a partir de la aprobación de la reforma se impregnará en toda la yema del dedo y no como se venía aplicando en la base de la uña, permitiendo borrarse con mayor facilidad.
Urnas Abiertas señaló que «ninguna de las nueve reformas propuestas, sugieren reformas de fondo que planteen mejorar la transparencia, o la integridad general del sistema electoral, como la despartidización de las instancias intermedias de administración electoral, tampoco son reformas que permitan la observación electoral independiente».
Señalamientos de «fraude»
Desde las elecciones municipales de 2008, las primeras organizadas tras el retorno de Ortega al poder, las principales organizaciones internacionales que participaron como observadoras en el proceso electoral denunciaron que hubo irregularidades en el proceso electoral y todo quedó registrado en los informes presentados después de la observación.
El partido de Gobierno ocupa todos los cargos de magistrados en el CSE y los propuestos por los partidos señalados de ser colaboracionistas y contaron con el apoyo de los diputados orteguistas.
Al final de presente periodo presidencial, Daniel Ortega cumplirá 20 años continuos en la primera jefatura de Estado, más tiempo en la Presidencia que cualquier otra persona que haya ostentado ese cargo en la historia del país.
En un año, Ortega ha planteado dos reformas a la Ley Electoral, la primera la aprobaron los parlamentarios orteguistas el 4 de mayo de 2021, en una sesión donde además eligieron a los magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral (CSE).