La dictadura hizo oficial por medio de la Procuraduría General de la República (PGR), que tras la expropiación de las oficinas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha procedido a entregar «formalmente» a sus funcionarios administrativos el mobiliario, equipos, archivos y otras pertenencias que estuvieron bajo «resguardo policial». Especialistas creen que esto responde al «miedo» de los Ortega-Murillo debido a las denuncias de los países miembros de la OEA y las peticiones que varios representantes de los Estados hicieron en el seno del organismo a «actuar» antes de que Ortega también confisque otras embajadas acreditadas en el país.
El abogado y vocero de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), Héctor Mairena, afirma que «desde que se conoció la decisión virulenta, estrepitosa y violenta de la dictadura, se ha quedado en evidencia que la dictadura está en una huida hacía adelante queriendo evadir sus responsabilidades ante el sistema interamericano de derechos humanos y con lo que está establecido en la carta democrática. Sin embargo, hay que agregar que esta decisión de la dictadura está además matizada en un lenguaje absolutamente antidiplomático y que transgrede las mínimas normas de la relación diplomática entre Estados y gobiernos».
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«Además de eso la dictadura ha cometido otra barbaridad jurídica que es la confiscación del inmueble en el que operaba la oficina de la OEA en Managua, es una aberración y demuestra la debilidad del régimen. Pero, además de eso el hecho de la confiscación violenta acuerdos y tratados internacionales. Esto refleja que la dictadura no solo ha hecho añicos la institucionalidad y la legalidad interna de Nicaragua sino que ahora se va contra compromisos, convenios y tratados internacionales», continuó añadiendo el dirigente político.
Para Mairena el régimen pretende asemejarse con la política del presidente ruso Vladímir Putin que «pretenden reescribir por la fuerza las normas del derecho internacional». Asegura que Ortega pretende con esta acción «escapar de sus compromisos de convenios y tratados en materia de derechos humanos».
«El régimen consumó un abuso, una transgresión a los tratados internacionales con el hecho de invadir el local, es indiscutible que está consumado en un acto de abuso. Obviamente la condena absoluta pudo hacerlos reflexionar y tomar esa medida de devolver los documentos, pero un abuso hubo y eso es indiscutible. También podríamos tomar en cuenta que ellos devuelven los documentos, pero una vez que les sacaron fotocopias así que transgresión y abuso a las normas y tratados ha habido», afirmó el representante de Unamos.
Por su parte, el exembajador de Nicaragua ante la organización Arturo Mcfields, denunció este hecho a través de su cuenta de Twitter que el régimen de Daniel Ortega «consumó el asalto a la OEA violando derecho internacional, acuerdos de partes y pisoteando Constitución de Nicaragua. Esto sólo se ha visto en zonas de guerra o estados fallidos», refirió el exdiplomático.
La Unión Europea (UE) señaló de «deplorable» la confiscación a las instalaciones del organismo afirmando que «esto viola las normas diplomáticas básicas según la Convención de Viena de 1961. Nicaragua debe cumplir con sus compromisos internacionales, en particular el acuerdo de establecimiento de 1989 entre Nicaragua y la OEA», refirió Portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Nabila Massrali.
Este jueves desde tempranas horas los funcionarios de la OEA utilizaron dos camiones y camionetas para trasladar equipos, muebles y documentos de su oficina bajo la vigilancia de decenas de agentes policiales, que desde el domingo tienen tomadas las instalaciones.
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Más temprano, el régimen orteguista, a través de una carta, exigió a los oficiales administrativos de la sede en Managua del organismo que desocupe «inmediatamente» el edificio donde estaban instaladas las oficinas.
Nicaragua formalizó el miércoles la expropiación del edificio que la OEA alquilaba a las hermanas Luz Marina y María Auxiliadora Navarrete Guevara, un día después de que declaró de utilidad pública esa propiedad, de 296,1 metros cuadrados, y tras la expulsión de ese organismo del país anunciada el domingo pasado por el ministro de Exteriores, Denis Moncada.