Daysi George West, coordinadora del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), consideró que, las acciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Organización de los Estados Americanos (OEA) de expropiar el edificio donde funcionaba la sede diplomática, muestra al mundo que es una «dictadura déspota, encaminada a consolidar otra dictadura dinástica».
«Es necesario, aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática de la OEA, con el fin de detener todos los fondos de las instituciones financieras internacionales tales como: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional entre otros organismos de cooperación monetaria», afirmó.
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Por su parte, el exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, aseguró que la dictadura Ortega-Murillo sufrió hoy, en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, una demoledora derrota moral y política. «Las Américas ha dicho a una sola voz: no a la confiscación de bienes y si al respeto del derecho internacional y la Constitución de Nicaragua. En la Organización de los Estados Americanos (OEA) se alzaron diversas naciones a una sola voz señalando que no se puede defender lo indefendible», dijo McFields en un video publicado en su cuenta de Twitter.
«El asalto a la sede de la OEA ha sido repudiado categóricamente. Sobre todo, se ha cuestionado esta acción porque es la primera vez que un país se atreve a hacer este tipo de acciones delincuenciales: se ha violentado la Convención de Viena, se ha violentado los acuerdos bilaterales suscritos entre Nicaragua y la OEA, incluso en 1989, el excanciller sandinista Miguel d´Escoto Brokmann firmó un acuerdo con la OEA ratificando que ellos protegerían la sede diplomática, algo inviolable y Nicaragua lo ratificó en acuerdos internacionales.», agregó.
La coordinadora del Consejo Ejecutivo de la ACJD señaló que el régimen Ortega-Murillo «no tiene límites» con sus acciones como expulsar a la delegación de la OEA y la expropiación del edificio donde funcionaba la sede del organismo.
«Ante la acción de la OEA de suspender al observador de Rusia, tomaron la decisión de expulsar a la OEA, porque pese a que son signatarias de los instrumentos jurídicos internacionales, sobre los derechos humanos y respeto a los convenios, están mostrando claramente que ellos no respetan las leyes, precisamente por eso estamos viviendo en un estado donde no existe, estado de derecho», aseguró.
«La confiscación de los bienes es algo que en Nicaragua no existe porque está prohibido por el artículo 44 de la Constitución; es decir, la dictadura ha violado el derecho internacional, el derecho interamericano y la Constitución Política. Creemos que el mundo está observando y ha condenado las acciones unilaterales, ilegales, arbitrarias y desesperada de la dictadura», mencionó McFields.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó la confiscación del edifico donde funcionaba la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Managua, una propiedad privada que no era del organismo regional; sino que rentaba el primer piso y el régimen lo declaró de «utilidad pública» amparándose en la Ley 229, Ley de Expropiación, según La Gaceta No. 76, Diario Oficial, del miércoles 27 de abril de 2022.
El artículo 1 de Acuerdo Administrativo No. 10-2022 de la Procuraduría General de la República señala que «para la creación del Museo de la Infamia se declara de utilidad pública la propiedad donde funcionaba la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en nuestro país correspondiente a 296.1 m², conforme datos contenidos en el Registro de la Propiedad de Managua».
