Los países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) denunciaron bajo la misma línea las acciones del régimen orteguista en contra de esa entidad regional. Algunos países como México, Bolivia, Guatemala y Argentina, que habían mantenido «neutralidad» o votación en sintonía con la dictadura de Nicaragua; exhortaron a Daniel Ortega a cumplir con los principios del derecho internacional.
En el caso de Guatemala, su representante Rita Claviere manifestó que «tanto la Asamblea General como el Consejo han dado seguimiento a la situación en Nicaragua desde el año 2018, procurando a través de múltiples resoluciones recordar los medios de colaboración y mecanismos que alcancen una solución pacífica a la crisis que enfrenta nuestro país hermano. Lamentamos la ocupación de sus oficinas, el apoderamiento de archivos y materiales de la sede diplomática que constituyen bienes inviolables».
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México afirmó que «observamos con preocupación la posible tendencia a interpretar aleatoriamente los principios fundamentales del derecho internacional lo que erosiona el sistema interamericano. México considera esencial que se actúe siempre con base en el derecho internacional y se cumpla con las convenciones y normas internacionales que son base del alto nivel. En este sentido, reiteramos la importancia de actuar siempre en apego a las normas del derecho internacional», dijo Luz Elena Baños Rivas, Representante Permanente del país azteca.
Por su parte, Bolivia, que se ha mantenido firme apoyando al régimen de Ortega en la OEA, consideró que «en este caso se ha violado el derecho internacional y rechazamos cualquier violación del derecho internacional, más allá de las consideraciones políticas», se refirió el país de manera breve al igual que Argentina.
Este 26 de abril, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció ante el Consejo Permanente el cierre y ocupación ilegal de sus oficinas en Managua y las expulsión de sus funcionarios de la nación centroamericana. Señaló que esta situación «nunca había ocurrido ni en tiempos de las peores dictaduras de la región».
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«Estamos ante la violación de las más elementales normas que regulan las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales abriendo un precedente que la región no había conocido hasta ahora», añadió el representante del organismo internacional.
La dictadura decidió retirar las credenciales de sus representantes ante la OEA, Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell el 24 de abril, y anunció el cierre de la oficina del organismo en Managua tildándola de «instrumento del imperialismo yanqui». Tras la decisión de la administración de Nicaragua, oficiales de la Policía orteguista «ocuparon la sede de la OEA, apoderándose de sus archivos, así como de todo el material existente y, posteriormente, la declararon esas oficinas de utilidad del Estado.