La decisión del régimen de Daniel Ortega de retirar las credenciales de sus representantes ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y ordenar el cierre de sus oficinas en Managua, en la práctica “no impactará en la lucha por la reconstrucción democrática de Nicaragua”, consideró el exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão.
En una entrevista exclusiva con Artículo 66 el experto en temas de derechos humanos manifestó que desde «ya hace tiempo», el organismo regional “perdió la oportunidad de incidir y contribuir para la reconstrucción democrática en Nicaragua”.
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«Además, en un año ya entrará en vigencia la denuncia a la Carta y la salida oficial de Nicaragua del órgano. La lucha por la democracia ya viene sin la OEA y seguirá»., dijo Abrão.
La noche del domingo el régimen de Ortega decidió retirar las credenciales de sus representantes ante el organismo, Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell, y anunció el cierre de la oficina del organismo, ubicada en Managua, tildándola de «instrumento del imperialismo yanqui». La decisión fue dada a conocer por el canciller Denis Moncada.
Hasta este lunes, las instalaciones de la OEA se mantienen sitiadas por efectivos de la Policía. En su sitio web la secretaría del organismo denunció este hecho y lo calificó como “ocupación ilegal” y que este hecho representa “una violación de las más elementales normas internacionales”.
No sorprende decisión del régimen
El exsecretario de la CIDH manifestó que no le sorprenden los discursos y «argumentos violentos» emitidos por el régimen de Nicaragua para justificar la expulsión de los diplomáticos de la OEA, porque los efectos jurídicos se efectuarán cuando se completen los dos años de la denuncia de la Carta Democrática Interamericana.
«Es una retórica —la de Ortega— agresiva que es parte del lenguaje de un Gobierno autoritario desde siempre, como cuando expulsó a la Comisión Interamericana, expulsó al GIEI, expulsó a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y recientemente expulsó a la propia Cruz Roja Internacional», expuso.
En cuanto a la posibilidad de que Ortega se apodere de las oficinas de la OEA —las cuales se mantienen vigiladas por la Policía—, el abogado consideró que solo podría tomárselas con justificación legal y debidamente amparada en las leyes del país, «pero a mí me parece que eso no pasó y será para darle otra destinación a esas oficinas, lo que solo podría pasar después que se cumpliera dos años a la denuncia a la Carta, así que hoy por hoy se trata de una expropiación», explicó.
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«La ocupación del inmueble puede implicar una condena internacional por la toma de una propiedad de un organismo internacional. Yo creo que la comunidad internacional deberá rechazar esta actitud; sería coherente hacerlo, pero creo que la OEA misma puede hacer poco o casi nada respecto a este tema», agregó.
«Ortega hace al pueblo perder»
El defensor de derechos humanos apuntó que con la salida de Nicaragua del organismo regional, la dictadura de Ortega le está impidiendo al “pueblo” tener la posibilidad de participar en espacios públicos creados “para generar cooperación y oportunidad de integración regional”.
«De manera que Nicaragua pierde en el tiempo por no ser más parte de estos foros que pueden generar algún tipo de cooperación o concentración regional para grandes temas que traspasen las fronteras de la región», señaló.
Por otro lado, Abrão cree que la administración orteguista intentará participar en otros foros para “suprimir esta desventaja”, aunque duda que tengan que ver con eventos subregionales, “enviando mensajes de falta de respeto con las normas internacionales; pero estos prejuicios para Nicaragua ya estaban dados desde antes, cuando denunció la carta y anunció retirarse de la OEA”, dijo.
El exejecutivo de la CIDH agregó que cuando la democracia sea recuperada dentro del país «un nuevo gobierno podrá firmar la Carta y regresar al organismo regional y ayudar a empujar para tener una efectividad de contribución para todos pueblo de la región».
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El experto en derecho finalizó afirmando que todos los compromisos que Nicaragua adquirió hasta el momento de denunciar la carta tiene que concluirlos y «especialmente aquellos que tienen que ver con compromisos financieros, compromisos de ejecución; de acuerdo que fueron firmados durante el periodo en que era participe del organismo».
Tras la sacudida de McFields, a la que sucedieron una serie de renuncias y cambio de diplomáticos, Ortega se vio en la obligación de nombrar en el cargo al exguerrillero Orlando Tardencilla, después de varias movidas que desestabilizaron al régimen en la OEA.
