La Asociación Madres de Abril (AMA) reiteró su demanda de verdad y justicia para las víctimas de la «masacre» en 2018 perpetrada por las fuerzas de choques controladas por la dictadura de Daniel Ortega en el contexto de las protestas antigubernamentales hace cuatro años.
En un comunicado, este 19 de abril, la agrupación opositora señaló que en esta «ruta» se han enfrentado con «la negación de la realidad, la verdad y la justicia a las que se aferra el régimen de Ortega-Murillo».
«También hemos alzado nuestra voz sobre la legalización de la impunidad, implementada por el régimen con la pretensión de escapar de su responsabilidad en la violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad», añadió.
Noticia relacionada: Nicas “azul y blanco” celebran cuarto año de rebelión de abril contra Ortega – Murillo
El organismo denunció que sus miembros, a cuatro años de la rebelión cívica, han «vivido» bajo un estado policial, en constante hostigamiento e intimidación, «especialmente durante el aniversario de los asesinatos de nuestros familiares». Pese al acoso, a la amenaza y persecución política; AMA aseguró que seguirán luchando por la justicia de las víctimas de Ortega.
Subrayó que «a cuatro años mantenemos nuestra ruta por la verdad y la justicia que ha incluido: el fin de los asesinatos y el ingreso de los organismos internacionales de derechos humanos. Las denuncias ante la Fiscalía que se mantienen en impunidad y que han sido registradas por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), MESENI (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua), GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes). Organizarnos y reconocernos como madres y familiares directos de las víctimas mortales y sujetas de derecho bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario. Construir memoria como antídoto contra la impunidad, para contrarrestar la narrativa del régimen y esclarecer la verdad, base para la justicia».
Las Madres de Abril demandaron a la administración de Ortega la «creación de una Fiscalía especial con base en la recomendación del GIEI, la derogación de la Ley de Amnistía, 996, y la Ley Integral de Atención a Víctimas, 994; y la creación de una Comisión de la Verdad independiente que respete la participación autónoma de las víctimas en su carácter de sujetas de derechos».
Además, exigieron la creación de un Tribunal Especial Internacional que conozca y juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua.
Remarcaron que «toda» la ciudadanía nicaragüense «debe comprometerse a nunca más masacres, ejecuciones o torturas» y que la lucha «para romper con la impunidad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen Ortega-Murillo no puede postergarse, negociarse, abandonarse».
El organismo se solidarizó con todas las personas presas políticas y sus familiares; le demanda al régimen de Ortega su liberación inmediata y el cese a la tortura a la que son sometidos los reos de conciencia. «Alzamos nuestras voces para exigir la libertad para Yader de los Ángeles Parajón, hermano de Jimmy Parajón asesinado el día 11 de mayo del 2018 en Managua y la liberación de Oliver y Dorling Montenegro, hijos de Oliver Montenegro Centeno, asesinado el 23 de enero de 2019», concluyó.
