Politólogos y portavoces de la oposición nicaragüense criticaron este lunes a Estados Unidos por lo que consideran una débil ejecución de la Ley Renacer (Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua), promulgada por el presidente Joe Biden en noviembre pasado para presionar al mandatario Daniel Ortega.
En un evento virtual, el politólogo de origen nicaragüense Manuel Orozco, y el director de políticas e iniciativas estratégicas de la Seattle International Foundation (SIF), Eric L. Olson, coincidieron que tras cinco meses de firmada la legislación solo se han producido “algunas sanciones” a funcionarios del Gobierno de Ortega.
Tampoco se ha revisado el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (Cafta), una de las cuestiones a que faculta la ley.
“Tampoco se sabe cuál es el informe sobre inteligencia y participación de Rusia en recabar información para afectar a Estados Unidos”, indicó Orozco, que agregó que si pudiera calificar el desempeño de aplicación de la Ley Renacer el Gobierno estadounidense “se sacaría una D”.
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Según la dirigente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, María Laura Alvarado, Estados Unidos ha ejecutado la Ley Renacer para sancionar a nueve personajes en Nicaragua: tres magistrados electorales de Nicaragua, cuatro diputados sandinistas, una jueza y una dirigente opositora aliada al Gobierno de Ortega.
La ejecución de la ley ha sido “casi prácticamente un fracaso hasta el momento, algunos argumentarían que son solo cinco meses, que la burocracia y el proceso son lentos, que hay que darle esperanza, puede ser que por ahí no le damos una nota de F de fracaso total, pero creo que tampoco ha habido los avances en la preparación para la implementación de esta ley”, afirmó Olson.
Los participantes en el evento virtual coincidieron en que la unidad de la oposición nicaragüense y la exigencia de la diáspora de Nicaragua podrían acelerar el proceso de aplicación de la Ley Renacer.
La Ley Renacer, aprobada en el Congreso estadounidense con el apoyo de demócratas y republicanos, urge al Gobierno de Biden a examinar la participación de Nicaragua en el Cafta y, además, pide aumentar sanciones contra funcionarios del Gobierno de Ortega.
El texto también insta a Biden a expandir la cooperación con Canadá y con la Unión Europea (UE) en la política hacia el país centroamericano, y a ampliar la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018 que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
