Estados Unidos pidió este miércoles a El Salvador rescindir el actual régimen de excepción “tan pronto como lo permita la situación” de violencia en el país, y le urgió a respetar los “derechos humanos” de todos los salvadoreños, incluidos los detenidos.
Preguntado por Efe, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca reaccionó a la situación en El Salvador, que este miércoles cumple once días bajo régimen de excepción tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas.
El portavoz aseguró que a Estados Unidos le “preocupa” el “pico de tres días” en los homicidios registrados en El Salvador entre el 25 y el 27 de marzo, y que sus pensamientos “están con el pueblo salvadoreño afectado por la violencia”.
El Gobierno salvadoreño ha respondido a ese problema con capturas masivas y encierro total para los pandilleros detenidos, además de la imposición de un régimen de excepción que ha generado críticas de organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI).
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“Urgimos al Gobierno de El Salvador a considerar con cuidado cómo implementa las medidas derivadas del actual estado de excepción, y que rescinda ese estado de excepción tan pronto como lo permita la situación”, afirmó a Efe el citado portavoz de la Casa Blanca, que pidió el anonimato.
“También pedimos a las fuerzas de seguridad, incluida la Policía y los funcionarios de prisiones, que observen y protejan los derechos humanos de todos los salvadoreños, incluidas las personas detenidas”, añadió el vocero.
Este lunes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le advirtió a las pandillas que si incrementan los homicidios en el país quitarán la comida en las cárceles donde según el Gobierno se encuentran presos miles de miembros de dichas estructuras.
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Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno salvadoreño que garantice los derechos de las personas privadas de libertad, entre los que destacan el derecho a la integridad personal y a no ser sometidos a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
El régimen de excepción que aprobó a finales de marzo la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, a petición de Bukele, tiene una duración prevista de 30 días, es decir, hasta finales de este mes.
Como consecuencia de esa medida, adoptada sin ningún estudio o discusión, se han suspendido varios derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa durante un proceso judicial y la inviolabilidad de las telecomunicaciones para los salvadoreños.
El Gobierno ha realizado detenciones masivas de supuestos pandilleros en lo que ha denominado una “guerra contra las pandillas”, como lo hicieron sus antecesores.
Las organizaciones sociales y la oficina del ombudsman salvadoreño, Apolonio Tobar, han recabado desde que comenzó el régimen de excepción más de 100 denuncias de vulneraciones a derechos, principalmente por detenciones arbitrarias.
