La administración de Daniel Ortega continúa cerrando Organizaciones No Gubernamentales (ONG); en esta ocasión «Clínica Verde», ubicada en el departamento de Boaco, cerró operaciones por órdenes de las «entidades reguladoras de Nicaragua».
A través de un comunicado, el organismo de salud informó a la población de la clausura de sus oficinas, con lo cual los pobladores de Boaco quedan más desprotegidos en lo vinculado a atención médica accesible y de calidad.
«Comunicamos nuestro cierre de atenciones debido a disposiciones de las entidades reguladoras de Nicaragua», señaló el equipo de Clínica Verde, que tenía diez años operando en Nicaragua.
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La organización agradeció a la comunidad nicaragüense la confianza y el apoyo brindado, en el que destacan que también se enfocaron en educación, promoción del medio ambiente ambiente y lucha por la dignidad de las comunidades más vulnerables.
«Clínica Verde agradece a la comunidad, organizaciones, instituciones, donantes, amigos, al pueblo de Boaco y Nicaragua, en especial a nuestros usuarios, facilitadores, consejeros y beneficiarios protagonistas de proyectos, su acompañamiento a lo largo de estos diez años de servicio. Nuestro compromiso de ser un modelo de atención para los más necesitados fue el motor que impulsó nuestro trabajo», dice el comunicado-
Susan Dix Lyons, originaria de Estados Unidos, fundó esta entidad de salud con el propósito de «construir y ayudar a clínicas de salud a mejorar la atención médica materna e infantil, comenzando en Nicaragua», se lee en su página web.
Se encargaban de promover un «diseño socialmente responsable y con las tecnologías verdes en el mundo en desarrollo mientras creamos asociaciones de salud con comunidades necesitadas».
También, ayudaban a las familias en Nicaragua a mejorar la salud, debido a que el país «es la segunda nación más pobre de América Latina y tiene la tasa más alta de fecundidad en adolescentes. Uno de cada 5 niños está crónicamente desnutrido. La necesidad es, obviamente, grande», señalan.
La Junta Emérita de la organización la conformaban once personas, entre las que figuraba la aspirante a la presidencia y presa política del régimen de Ortega, Cristiana Chamorro.
La dictadura de Ortega ha cancelado alrededor de 140 organizaciones de sociedad civil, entre ellas asociaciones de salud, universidades, religiosas, defensoría de derechos humanos, medios de comunicación.