La situación de violencia machista en Nicaragua no cambia, por el contrario va aumentando y realmente es preocupante, afirman feministas consultadas por Artículo 66.
«Esta violencia está acabando con la vida de las mujeres y es tan agravante porque este año ya son 10 femicidios. La familia y comunidad queda consternada con estos crímenes atroces, ese odio con que le quitaron la vida a las mujeres», afirmó la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) a este medio de comunicación.
Este fin de semana se reportaron los asesinatos de dos mujeres, de 21 y 17 años, quienes se encontraban desaparecidas en sus respectivos municipios. Se trata de una joven madre originaria de Waspam y una adolescente comunicadora que fue encontrada sin vida en Estelí.
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La mañana del sábado, 12 de marzo, fue hallado el cuerpo de Marling Martínez Fenly, de 21 años, a orillas de un río, en Waspam, Caribe Norte. La víctima había desaparecido desde el miércoles, 9 de marzo, luego de salir de su casa en la comunidad Klisnak en dirección a Waspuk Ta, territorio indígena Li Aubra, reportó la organización Prilaka Community Foundation.
Britney Olivas Herrera, de 17 años, colaboraba como locutora en Radio Estéreo Libre y la Asociación Infantil «Tuktan Sirpi». Medios nacionales relatan que la adolescente había desaparecido desde el 10 de marzo cuando salió de su casa en el barrio Róger Hanguien, en Jinotega, rumbo a Estelí para informarse sobre las carreras universitarias. Olivas fue encontrada la noche del sábado, 12 de marzo, en una hondonada de la comunidad La Quinta.
La organización señala que han notado el alto nivel de violencia, especialmente en la Costa Caribe Norte y Sur. «Estamos ante una situación donde el Gobierno no está asumiendo su responsabilidad sobre esta situación de violencia contra las mujeres», lamentó.
«Es muy triste y doloroso cómo queda una familia totalmente destrozada porque les han quitado su sueños y aspiraciones. Eran jóvenes y querían seguir adelante. Esta inseguridad, y más en las mujeres, se está cobrando vidas», aseguró.
Demandaron que los responsables de los crímenes sean condenados apegados a la Ley 779. A la vez, manifestó que continuarán empeñadas en seguir visibilizando los femicidios y todas las formas de violencia machista que viven las mujeres. «Vamos a continuar denunciando los crímenes de odio contra las mujeres», apuntó.
«Queremos exigir que los crímenes contra estas dos mujeres y todas las otras no queden en la impunidad. Exigirle a las autoridades que cumplan el deber de investigación, que lleguen hasta el final y que pueda haber justicia», añadió.
Violencia ha escalado
Las estadísticas de femicidio, según la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), reflejan el nivel de violencia contra las mujeres que ha venido escalando desde la crisis sociopolítica y de derechos humanos que vive el país desde 2018. Agregó que los femicidios es una muestra de lo violento que se ha convertido el país y los niveles de impunidad.
Además, aseguró que no hay ningún aparato jurídico que proteja a las mujeres de manera real. «La Ley 779 existe, pero está completamente desmantelada», aseveró.
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«Las Comisarías de la Mujer y la Niñez deberían de contar con personal tecnificado en temas de violencia para dar una atención especializada a las víctimas y familiares que buscan ayuda para exigir justicia y cero impunidad», manifestó.
Al trece de marzo de este año, el «Observatorio de Femicidios» de Católicas por el Derecho a Decidir ha registrado diez crímenes en contra de mujeres nicaragüenses, en lo que va del año.
«Estos crímenes fueron cometidos por hombres en medio de una relación desigual de poder, 6 eran exparejas, 1 era pareja y 1 era desconocido. Las mujeres de las zonas rurales continúan siendo las más desprotegidas; 6 crímenes sucedieron en la Costa Caribe, 1 caso en Rivas y 1 caso en el exterior», destaca la organización en su cuenta de Facebook.
Entre el primero de enero y 13 de marzo de 2022, se reportan 38 femicidios en grado de frustración y temen que la cifra aumente ante la falta de protección y cumplimiento a las leyes e instrumentos jurídicos de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.
«Las víctimas han sido condenadas a vivir con miedo mientras que los agresores gozan de su libertad», lamentan.
Las acciones del Estado
Feministas creen que el régimen debe trabajar en la prevención de la violencia con procesos de reeducación y tener cero tolerancia contra la violencia hacia las mujeres.
«El Estado debería realizar campañas permanentes, trabajar en conjunto con las organizaciones de mujeres en cada territorio y las instituciones como la Iglesia; conformar una Comisión donde estemos todas y todos, contar con materiales de educación a través de Ministerio de Educación desde los primeros grados de primaria; atención especializada a familias víctimas de femicidio; atención a los y las huérfanas, según la Ley 779; obtener justicia y no más impunidad», recomendó Católicas por el Derecho a Decidir.
