Orteguistas, incluidos en «lista negra» de Biden por contribuir al encarcelamiento de opositores

Las sanciones designadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la Ley Renacer, contra nueve altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo son producto del apoyo que han brindado a la pareja presidencial para socavar los procesos democráticos en Nicaragua y encarcelar a los líderes de la oposición.

La lista la conforman el diputado Wilfredo Navarro, férreo defensor de la pareja dictatorial de Nicaragua, y la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista, María Haydée Osuna, encargada de liderar la ilegalización del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

También están los magistrados electorales Brenda Rocha, Cairo Amador, Lumberto Campbell; los diputados oficialistas Edwin Castro, Gustavo Porras, Wálmaro Gutiérrez y la jueza Karen Chavarría.

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La administración de Joe Biden emitió sanciones contra los funcionarios del Consejo Supremo Electoral (CSE) «por conspirar con el régimen de Ortega y Murillo para socavar las instituciones políticas de Nicaragua y subvertir las elecciones nacionales de noviembre de 2021 al descalificar a los partidos y candidatos legítimos de la oposición por motivos espurios».

Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Asamblea Nacional, en esta ocasión, fue sancionado por garantizar que los funcionarios sandinistas salieran ganadores en «todos los cargos de magistrados en el CSE».

También, por «asegurar la aprobación de una legislación extremadamente amplia que utilizó el régimen de Ortega-Murillo para excluir a los candidatos y partidos de la oposición y hostigar y encarcelar a los opositores políticos», señala el comunicado.

En el caso de María Haydeé Osuna, diputada por el PLC, la agregan a la lista de sancionados por colaboracionista. La funcionaria participó con su Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en las elecciones generales del siete de noviembre de 2021, aún sabiendo que los comicios carecían de legitimidad y pluralidad política.

El Departamento de Estado detalló que Osuna conspiró «con el régimen de Ortega-Murillo para subvertir las elecciones nacionales de noviembre de 2021 en Nicaragua al firmar una denuncia espuria que sirvió de pretexto para que el gobierno descalificara al último partido de oposición legítimo que quedaba y perseguir a su líder hasta el exilio».

Mientras Karen Vanessa Chavarría Morales, actual jueza del Distrito Noveno de Managua, fue incluida a la lista negra por «abuso de autoridad y subvertir el proceso judicial y policial».

El Gobierno de Biden designó a Chavarría «por abusar de su autoridad y subvertir procesos legales para actuar contra opositores políticos al régimen Ortega-Murillo e inhabilitar candidatos opositores a las elecciones de noviembre de 2021».

Las sanciones de los EE. UU. alcanzaron a Gustavo Porras, actual presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Wálmaro Gutiérrez y Wilfredo Navarro diputados de la bancada sandinista y súbditos del régimen por otorgarle a la pareja presidencial «las herramientas para conducir su descarado asalto a la democracia al llenar el CSE con miembros del FSLN leales a Ortega».

Los funcionarios nicaragüenses también fueron los primeros nicaragüenses incluidos en la Lista Engel, normativa que se aplica a personas vinculadas con actos de corrupción y ataques a la democracia en Centroamérica.

«Continuaremos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por corrupción y otros ataques a la seguridad, la estabilidad y las aspiraciones democráticas de los pueblos de Centroamérica», remarcó el Departamento de Estado.