La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció que nuevamente el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no permitió a las féminas en Nicaragua marchar o realizar algún acto conmemorativo en el Día Internacional de la Mujer; en cambio, ordenó a su aparato represivo hostigar al menos a 13 defensoras en su día.
La organización detalló en su cuenta de Twitter que «en Nicaragua, un año más el 8 Marzo las mujeres no han podido marchar debido a la prohibición y represión sistemática del gobierno. En tal marco, ayer supimos de al menos 7 actos de hostigamiento policial y parapolicial contra 13 defensoras, 2 de ellas con medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)».
Además, mostró su preocupación por la normalización de la violencia contra las mujeres en el país centroamericano, resaltando el acoso, hostigamiento y persecución política que enfrentan las defensoras de derechos humanos en Nicaragua.
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IM-Defensoras señaló que estas acciones «tienen graves impactos sobre sus vidas (de las mujeres víctimas de hostigamiento) y sus familias, entre otras afectaciones suponen no poder salir de sus casas para trabajar o hacer compras; agravando el impacto emocional que viven desde hace años».
Feministas consultadas por Artículo 66 coinciden en que ser mujer en Nicaragua significa vivir permanentemente enfrentadas al «oscurantismo medieval en pleno Siglo XXI». Los derechos se convierten en discursos vacíos de quienes dicen gobernar el país, pero que en realidad mantienen un régimen de terror y violencia donde se castiga a las mujeres.
Una de las demandas de las mujeres es el retorno de los espacios de manifestación y protesta. Desde la llegada de Ortega a la Presidencia de la República, el derecho a la movilización se fue reduciendo paulatinamente. Los grupos feministas son los únicos que han mantenido su voz en alto parlante para exigir el respeto de sus derechos, eso les valió la persecución del régimen y con la crisis de abril se acentuó.
«En Nicaragua diario se violentan los derechos humanos de las mujeres y algo muy gravísimo que tenemos, y es particular de este país, es que las mujeres no podemos salir a las calles a demandar. La movilización social es un derecho y que ha sido violentado desde hace años. Es parte crucial de un país que las mujeres tengan ese derecho a movilizarse y demandar justicia o necesidades específicas», alegó Juanita Jiménez, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).
Actualmente, hay 14 presas políticas que fueron rostros representativos en la rebelión de abril de 2018, son periodistas, defensoras de derechos humanos, sociólogas, empresarias, abogadas, lideresas territoriales, madres, esposas, hijas, tías y ciudadanas nicaragüenses que reciben torturas, malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes.
«La violencia política desde 2018 se ha centrado en castigar los cuerpos y las vidas de las mujeres. Actualmente, 14 mujeres están encarceladas y le han violado todos sus derechos y sometidas a las peores condiciones carcelarias y de torturas», denunció.
María Oviedo, Karla Vanesa Escobar, María Esperanza Sánchez, Suyen Barahona, María Fernanda Flores, Ana Margarita Vijil, Cristiana Chamorro, Samantha Jirón, Evelyn Pinto, Violeta Granera, Tamara Dávila, Dora María Téllez, Julia Hernández y Nidia Barbosa enfrentan la justicia orteguista por crímenes, que sus familiares aseguran, no cometieron.
