Julissa Mantilla asume presidencia de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eligió a su nueva junta directiva este lunes, siete de marzo, durante la apertura de su 183 periodo de sesiones. La comisionada Julissa Mantilla Falcón fue electa como presidenta; Stuardo Ralón, primer vicepresidente, y Margarette May Macaulay, segunda vicepresidenta.

La nueva presidenta de la CIDH fue seleccionada como comisionada del organismo regional por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 28 de junio de 2019, para un período de cuatro años, de enero de 2020 a diciembre de 2023.

Es la primera presidenta de la CIDH de nacionalidad peruana. Abogada experta en derechos humanos, titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con un Diplomado de Género por la PUCP y un LLM en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por The London School of Economics and Political Science (LSE) de la Universidad de Londres», destaca la CIDH en su sitio web.

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Ralón es abogado constitucionalista de la República de Guatemala. Tiene una trayectoria profesional de 20 años y como jurista se ha especializado en materia Constitucional.

Margarette May Macaulay es licenciada en Leyes por la Universidad de Londres y actualmente es abogada de práctica privada. Funge como mediadora en la Suprema Corte de Jamaica y Árbitro Asociado. Además, se desempeña en el cargo de Notaria Pública. Fue jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) de 2007 a 2012

La CIDH está integrada por 7 personas, entre las que figuran las comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y Roberta Clarke y los comisionados Joel Hernández García y Carlos Bernal Pulido. A su vez, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión está encabezada por Tania Renaum Panzi.

La CIDH ha documentado la escalada represiva de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde la crisis de abril de 2018, año en que una delegación de alto nivel del organismo ingresó al país para instalar el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). 

El GIEI emitió un informe que concluyó que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad y señaló al régimen Ortega-Murillo como los responsables de la masacre contra la población nicaragüense. La cifra de fallecidos llegó a los 355.