Organizaciones de la oposición en Nicaragua y en el exilio remitieron una carta a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, exponiendo la «grave crisis de derechos humanos» y solicitando que respalde el reciente informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Según el documento, las organizaciones firmantes «abrigan la esperanza» que con la llegada a la Presidencia de Castro «los principios en los que se basará la “refundación de Honduras” se traducirán en acciones concretas de solidaridad centroamericana, en particular en relación con la grave crisis que vive Nicaragua».
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Le recuerdan a la mandataria hondureña que del 28 de febrero al 1 de abril 2022, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebra en Ginebra su 49 período de sesiones. En estas reuniones se discutirá nuevamente la situación de los derechos humanos en Nicaragua a partir del Informe Anual presentado por Bachelet en el que reporta «múltiples irregularidades del proceso electoral que culminó el pasado 7 de noviembre, que de acuerdo con la resolución 2978 de la Asamblea General de la OEA no fue libre, ni justo ni transparente y no tuvo legitimidad democrática».
«Honduras, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no puede dejar de pronunciarse ante esta situación, ya que es contraria a los principios que inspiran su gestión gubernamental y su política exterior: ciudadana centroamericanista, latinoamericana, soberana y solidaria», aseguran las organizaciones de la oposición entre las que se encuentran la Alianza Cívica, Unidad Nacional Azul y Blanco y Articulación de Movimientos Sociales.
Las entidades expresan que darán «un voto de confianza en la gestión de la mandataria hondureña. Tenemos la firme convicción de que su Gobierno, señora presidenta (Xiomara Castro), apoyará las recomendaciones contenidas en ese Informe».
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La funcionaria presentará el informe de más de 15 páginas ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que enumera detalladamente la serie de abusos cometidos por el régimen sandinista en Nicaragua, durante todo el año 2021. El informe también incluye detalles sobre las denuncias de aislamiento y torturas a las que han sido sometidos los prisioneros políticos por parte de la Policía de Daniel Ortega.
Además, denuncia la represión a medios independientes del país y exige que se respeten los derechos de las comunidades indígenas que han sufrido de «discriminación y violencia» sin obtener respuestas de parte del Estado, al contrario, las autoridades parecen estar al lado de los colonos que han llegado a invadir sus tierras dejando muerte y perdidas materiales, según las denuncias de los habitantes.
En el documento, las organizaciones nicaragüenses finalizan haciendo un llamado a Castro a apoyar a Nicaragua «para encontrar una solución
a su crisis a través de reformas que permitan a todos los nicaragüenses el ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos».
