La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo intentó por todos los medios posibles negar los contagios y muertes por Covid-19. Incluso, obligaron a los médicos del sistema público de salud a plasmar en las actas de defunción otras razones de fallecimiento, como neumonía atípica, por ejemplo.
Daniel Ortega dijo en cadena nacional de televisión que el COVID-19 era una simple «tos mal curada» y que en su niñez ese mal era conocido como «tos chifladora».
También prohibieron la realización de exámenes para detectar el virus y centralizaron esos análisis en el Complejo Concepción Palacios, donde funciona la sede central del Ministerio de Salud. Ahí únicamente realizaron los exámenes que el régimen quiso y, luego, hasta empezaron a cobrar 150 dólares por esas pruebas, únicamente para quienes necesitaran salir de Nicaragua y que el certificado fuera requisito en el país de destino.
Otras noticias: Michelle Bachelet denunciará el encarcelamiento de opositores en Nicaragua
La dictadura incluso llegó al extremo de citar ante el Ministerio de Salud y a la Fiscalía a los médicos que sugerían a los ciudadanos que se cuidaran, para tratar de ponerles mordaza. Mientras tanto, Rosario Murillo llamaba a aglemeraciones todos los fines de semana. El régimen se desbocó a organizar eventos deportivos, culturales y religiosos para propagar de manera frenética el virus que, para esos días, tenía de rodillas a la humanidad.
Los «entierros exprés»
Pero el intento por mantener en la oscurana las cifras, poco a poco, fue perdiendo la batalla y los muertos empezaron a verse en vehículos del Minsa, acompañados únicamente por 3 ó 4 hombres vestidos con trajes impermeables. En los barrios, los pobladores los identificaron como «entierros exprés». Por decenas desfilaban en los cementerios cada día y muchos de sus familiares terminaban desenmascarando la mentira oficial.
Investigaciones periodísticas lograron determinar cómo Ortega ocultó el número de muertos, incluyendo los fallecimientos de altos militantes y funcionarios del mismo gobierno, que fueron enterrados en secreto. Una filtración reivindicada por el grupo de activistas digitales Anonimous, reveló una base de datos del Minsa que permitió acercarse un poco a la realidad.
Las maniobras secretistas de Ortega y Murillo no se quedaron solo en Nicaragua. El próximo lunes, 07 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentará ante el Consejo de Derechos Humanos un extenso informe sobre los abusos por parte del gobierno sandinista en contra de los nicaragüenses.
Otras noticias: Ortega se adelanta a informe de Michelle Bachelet y ataca al Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El reporte de Bachelet incluye un apartado específico sobre el COVID-19 y la atención que brindo el gobierno nicaragüense. «El derecho a la salud incluye la obligación de no ocultar o tergiversar deliberadamente información vital para la protección de la salud», inicia señalando la Alta Comisionada en el documento.
Cita como parte de sus fuentes de información, los reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la sociedad civil nicaragüense y estudios académicos que para agosto de 2020 ya contabilizaban cerca de siete mil fallecidos. «En ese momento, el Gobierno había reportado solo 140 muertes, lo que sugiere que Nicaragua tenía el segundo lugar más alto en la tasa de subconteo (exceso de muertes/muertes reportadas) en el mundo», se lee en el informe.
Cifra de vacunación «poco fiable y contradictoria»
Siempre citando el seguimiento de la OPS, Bachelet agrega que para el 13 de octubre, el organismo que evalúa los indicadores de salud había advertido que Nicaragua «estaba rezagada en los esfuerzos de vacunación y no estaba en camino de cumplir la meta de la OMS».
Sobre las estadísticas oficiales, la representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU determina, sin adornos, que «la información pública sobre el progreso de la vacunación también fue poco fiable y contradictoria».
Entre sus recomendaciones, Michelle Bachelet insta a Ortega a incorporar «plenamente en la elaboración y ejecución de sus políticas las recomendaciones de la OMS con respecto a la pandemia de COVID-19, y recopile y publique datos confiables, incluso sobre los esfuerzos de vacunación».
